QUITO. Con el propósito de analizar las potencialidades y posibles falencias de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en sus siete años de vigencia y aplicación, el asambleísta Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, se reunió con las autoridades de alrededor de 10 universidades autofinanciadas.

Espinosa explicó que una de las preocupaciones de la mesa, recogiendo el sentir del país, es buscar mecanismos que permitan abrir espacios para un mayor acceso de la población estudiantil en las universidades y allí los centros de educación superior particular podrían contribuir significativamente asignando cupos y becas, complementando esto con ayudas económicas para los quintiles de menores ingresos de la comunidad, para que tengan la posibilidad de sustentarse.

Allí vemos cómo puede haber complementariedad entre el Estado y la educación superior privada, dijo, tras enfatizar en la necesidad de garantizar facilidades a sus operaciones administrativas y financieras, así como respecto al patrimonio de los patrocinadores. Hay que consolidar el artículo 352 de la Constitución que dispone que estas instituciones no tendrán fines de lucro, argumentó.

Carlos Ortega, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), calificó de trascendental la depuración del sistema de educación superior como resultado de la aplicación de la LOES. Sin embargo, tiene que distinguirse las diferencias de las entidades públicas y privadas, dentro de ellas, las autofinanciadas, tomando en cuenta las circunstancias y entornos distintos.

Planteó que en la normativa se incluya un capítulo en el que, de alguna manera, se flexibilicen las normas para que los centros autofinanciados puedan cumplir, con mayor fuerza, su gestión y aportar académicamente a mejorar los índices cualitativos, definiendo, así, los temas de gobernanza, autonomía, régimen económico, el rol de directivos, fundadores o impulsadores.

Roberto Passailague, de la Universidad ECOTEC, manifestó que si queremos una universidad de calidad debemos estar a la altura de las universidades internacionales que tienen un modelo especial y “es lo que nosotros pedimos, que no significa ninguna ventaja o privilegio”. Incluso ese modelo de gestión lo aplican ciertas públicas como Yachay, IKIAM, de las Artes, puntualizó.

Sugirió que en lugar de conceder becas a estudiantes para el exterior, pagando 120 mil dólares por cada uno, esos fondos podrían ser canalizarlos a universidades ecuatorianas, que resultaría más económico para el Estado. (Asamblea/LA NACIÓN)