El informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado fue entregado a la Fiscalía General del Estado el 23 de mayo del 2013.

QUITO. En la Unidad Judicial Penal de Pichincha se instaló la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen en contra de exfuncionarios del Banco de Nacional de Fomento. Ellos  habrían realizado contrataciones inusuales de bienes, servicios y consultoría sin respaldar con documentación que acredite el buen manejo de los fondos públicos.

La Fiscalía expuso que, en el 2006, los procesados  habrían realizado negocios  con una empresa China para la compra de maquinaria agrícola  por un monto de $8 millones en la compra de 3.080 motocultores, 300 rastras y tres montacargas.

En el 2012, el Presidente informó que más de $3 millones se habían pagado para el almacenaje de tractores que debían ser entregados a los agricultores. Uno de ellos funcionó como pista de hielo en Samborondón.

Los motocultores y tractores, que debieron ser entregados con créditos a los agricultores, en ese tiempo, fueron comprados en China, como parte de las relaciones comerciales entre ambos países. Cada tractor debía ser vendido a los agricultores en $22 mil.

Las bodegas son eran de propiedad privada, pero según Darío Burbano Macías, un constructor que ha tenido contratos en el sector público, quienes firmaron los contratos con el Banco de Fomento no son los reales propietarios, sino testaferros, denunció en su momento.

En el interior del BNF ya se había detectado problemas en estos contratos. Por eso, en enero de 2011, la directora de Comercialización, Jenny Fernández, dispuso «con el fin de racionalizar el gasto que el Banco ha venido incurriendo en bodegaje», que se movilice esta maquinaria a la agencia de la Atarazana, orden emitida por el gerente general del Banco en diciembre de 2010. La orden no se cumplió.

El fiscal que investigó la causa, Francisco Rosero, argumentó que los procesados suscribieron contratos de arrendamiento de grandes extensiones de terrenos para utilizarlas como bodegas en zonas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, para ahí almacenar la maquinaria.

“Los espacios dispuestos para el almacenamiento de la maquinaria eran semicubiertos, no disponían de servicios básicos, ni de guardianía permanente, lo que provocó el deterioro de los equipos”, manifestó el Fiscal.

Además, todos los pagos de arriendo, contrataciones  y convenios se habrían realizado desde las oficinas del Banco de Fomento en Quito.

Así lo determinó el examen especial al Banco Nacional de Fomento que realizó la Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013.

El análisis también estableció que hubo sobreprecio en el pago del alquiler y que los contratos se firmaron con personas que no eran propietarias de los inmuebles. (Fiscalía/Red. La Nación)