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Audiencia para vincular a exfuncionario de la Senain en caso de peculado se difiere para el sábado

Para evitar nulidades y cumplir con el derecho a la debida defensa, esta mañana se suspendió la audiencia de vinculación contra Juan de Dios Lozano Chapiro, exfuncionario de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado, en el que también es procesado Pablo Romero, exsecretario de la Senain, y tres personas más.

La diligencia estuvo convocada para las 10:30 de hoy en la Corte Nacional de Justicia, pero no se instaló debido a que el exfuncionario a ser vinculado no fue notificado a tiempo. En la sala de audiencia como abogado de la parte que iba a ser acusada estuvo la defensora pública Lolita Montoya.

La audiencia fue convocada por el juez Luis Enríquez a poco de que se cumplan los 90 días de instrucción fiscal ordenados para la causa por el delito de peculado. El próximo sábado 2 de marzo, a las 10:00, es la nueva fecha para la audiencia de vinculación.

Los exfuncionarios de la Senain Cecilia Santillán, coordinador General de Contrainteligencia (s) en 2013; Walter Olalla, agente operativo en la operación de contrainteligencia Caminito; y Jorge Garzón, coordinador General de Contrainteligencia, son también parte de los procesados en esta causa. Todos son acusados como coautores.

Esta investigación nació de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, del 26 de septiembre de 2014. En el documento entregado a la Fiscalía se evidenciaban los hallazgos de un examen realizado al uso de fondos públicos permanentes de gastos especiales de la Senain, entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2013.

Para Fiscalía, Pablo Romero no presentó, ni justificó información requerida por ley para el pago de $100.000 a un informante conocido como «El Ruso», dentro de la operación denominada Caminito. El juez Luis Enríquez, de la Corte Nacional de Justicia, dirigió la diligencia.

También en el caso se habla de la existencia de información falsa en la identidad de «El Ruso», informante de nacionalidad española llamado Edward Soler.

Información desclasificada revela que Romero justificó la operación «Caminito», en la cual se habrían gastado más de $ 3,3 millones, en que hackers conocidos como los centauros capturaron claves de varios sistemas del Estado ecuatoriano, entre ellos, el de comunicaciones, cuentas de correos públicos y privados, claves del presidente, vicepresidente de la República y su entorno familiar, Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia y varios miembros del Gabinete..

Contra Pablo Romero pesa una orden de prisión preventiva y ha sido llamado a juicio por el plagio de Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia. La etapa de juicio contra Romero se encuentra suspendida, debido a que él es considerado un prófugo de la justicia y se encuentra en España a la espera de que se resuelva el pedido de extradición que Ecuador ha realizado.

 

 

(El Universo)