Opinión

Así el Estado controla la zona de guerra…

Colaboración del ab. Luis Hidalgo Vernaza/ Guayaquil

Cuando se hace una intervención en el sistema penitenciario, la gente dice: “por qué no entran y dan bala”: es la fantasía del tuitero. El primer elemento es la debilidad legal que existe en cuanto a la protección del servidor policial. Si se pregunta a cualquier policía si piensa y siente que tiene igualdad de derechos, te dirá que no. Que él está convencido de que un delincuente y una persona privada de libertad tienen más derechos que él.

La legislación penal que este gobierno heredó intimida al policía y eso está en su matriz mental. De hecho, el presidente creó la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública que se traduce en tener a los mejores abogados del país para dar la debida defensa de casos injustos que pudieran darse sobre servidores policiales o de las FFAA en el marco del Estado de Excepción.

Pensemos en cosas más prácticas. El policía tiene armas registradas, con balas registradas. Si el policía dispara, sabemos quién lo hizo; del otro lado, en cambio, las armas de los presos que disparan contra la policía no están registradas y el momento que se judicialice un caso, los buenos tenemos las de perder.

El control de la Penitenciaría depende del SNAI, que es un organismo con rango de ministerio, que no depende del Ministerio de Gobierno. El SNAI tiene a los guías penitenciarios. En la Penitenciaría hay un poco más de 8000 presos que son controlados por 80 guías, por turno que, gracias a esas leyes blandengues del correísmo, no tienen armas.

Cuando uno entra a la Penitenciaría lo primero que llama la atención es que no hay un escáner de carga o un gran detector de metales. Los detectores de metales no funcionan en la mayoría de los casos. En los carros que entran los alimentos, probablemente también entra el armamento.

¿Qué tenemos entonces? Guías diezmados y sin armas y una infraestructura de seguridad muy débil. Cuando el gobierno determinó esto, mandó a fabricar un escáner de carga que tendremos instalado en unos 45 días. También decidió, apenas se detectó, que el Estado debe tener las llaves de los doce pabellones que controlaban los presos.

Se cree que una requisa es sencilla. No es así: una requisa de armas, celulares, drogas, etc., puede durar cinco horas o más. Pensemos que en un pabellón puede haber 900 presos, en cada celda hay que entrar y revisar minuciosamente. Pero las armas pueden no ser visibles: pueden estar ocultas en las paredes o enterradas en el piso. Para detectarlas tenemos tres mecanismos: inteligencia, ojos oídos de los expertos y detectores muy sofisticados que nos han prestado.

Por primera vez en la historia de esa Penitenciaría, se ha metido maquinaria para limpiar todo lo que se conocía como el corredor de la muerte. Es un callejón oscuro, de unos cinco metros de ancho y unos 800 metros de largo que divide los doce pabellones: seis al norte y seis al sur. Un corredor atestado de ruinas, donde los presos andaban sueltos y se prestaba para que se escondan, para que traten de acceder de un pabellón a otro rompiendo las paredes con bombas y dinamita. Ese corredor ha sido limpiado, lo cual es histórico y es simbólico: una cloaca que durante 20 años ha sido tierra de nadie, ahora está limpia, despejada y desbrozada.

Todas las garitas de observación también han sido demolidas. Eran una suerte de torres de vigilancia, endebles y enclenques -hechas por ellos en forma artesanal- que les permitía tener al ojo los otros pabellones y poder defenderse o atacar. Hace unas tres semanas, uno de esos vigilantes disparó a un guía penitenciario por la espalda, porque dejó abierta la puerta de un pabellón y él interpretó que lo hizo para que los otros se les metan.

Lo que se ha hecho es gracias a que hay más de mil efectivos combinados que están ahí por turnos. Está la Policía y los grupos de orden táctico: el GOE y el GIR, que son conocidos, y los otros grupos muy especializados como GEMA y UMO. Y, por otro lado, están las tres ramas de las FFAA que entran hasta donde pueden hacerlo, según la decisión de la Corte Constitucional. Esto, evidentemente, dificulta la tarea porque estamos hablando de cantidad de personas.

Las fuerzas del orden se refieren al numérico: es la cantidad de personas de que dispone la fuerza pública para hacer un operativo.

Ahora hay un cordón fuerte de FFAA hacia dentro y hacia afuera; fuerte por su número y el número de tanquetas. Los militares no están en las tanquetas sino a su alrededor, armados, impidiendo que alguien pueda meter armas o drogas por el perímetro. Afuera de los pabellones están los policías. Lo ideal sería tener un anillo por pabellón. Pero como no tenemos 5000 policías, lo que ellos hacen es ir entrando pabellón por pabellón. En este momento están prácticamente controlados todos los pabellones. La policía no permanece en ellos; está afuera. No están a cuerpo pelado: tienen para su protección unos muros de contención, como aquellos que en las carreteras dividen los carriles.

Les llegan más arriba de la cintura, de manera que el policía está resguardado.

La cárcel está iluminada como nunca antes con torres reflectoras que iluminan hacia adentro y hacia fuera. Pero los presos armados también han disparado a las luminarias. Cuando actúan cortan todas las luces y si hay un foco prendido, le disparan. Disparan a los transformadores y puedo decir que, en los últimos 45 días, se han cambiado fácilmente cinco transformadores. Igual ocurre con los inhibidores: se los bajan. Esto es una suerte de zona de guerra que el Estado está recuperando. Se han encontrado armas encaletadas, pero es posible que haya más: son 34 hectáreas. Por eso se hace énfasis en la palabra progresivo: es un control progresivo de la Penitenciaría. Porque cada día nos vamos dando cuenta de nuevas cosas y las vamos desactivando.

En este punto creo que es casi imposible que estén entrando armas y drogas. Esto genera otro problema que es el síndrome de abstinencia porque allí hay una población de consumidores adictos. Ahí se ha activado el Ministerio de Salud Pública y se ha duplicado el número de médicos y servidores de la salud.

Hemos requisado teléfonos satelitales que, como se sabe, no hay inhibidor que los pueda bajar. No se sabe si se incautaron todos. Se está tratando de detectar cuáles son los números de los cuales entran y salen llamadas en la Penitenciaría, para bloquearlos. Se han comprado más y mejores inhibidores como parte del fortalecimiento de la infraestructura carcelaria que se está implementando.

Esto es como un incendio, por más que se haya aplacado, puede volver a empezar. Por eso, el presidente ha sido muy claro en decir que extenderá o decretará el estado de excepción las veces que sea necesario. Esto es clave porque se necesita la presencia de las fuerzas conjuntas. Lo primero que hay que hacer es no dejar de hacer lo que está funcionando. El siguiente paso es incorporar estas tecnologías que no ha habido en la historia del Ecuador; específicamente el escáner de carga.

Este proceso requiere también la pacificación entre las bandas, no con el Estado que no tiene nada que negociar. El Estado puede contribuir para que ellos puedan llevar una vida pacífica en el sistema carcelario. El objetivo, en este punto, es bajar el hacinamiento y para ello hay tres cosas: reubicar a los presos. Hay cárceles que tienen 50% más de presos y hay otras que tienen cero por ciento de hacinamiento. Se tiene que hacer con mucho cuidado, porque hay que saber a quién se traslada y por qué. No se trata de trasladar uranio enriquecido. Lo otro tiene que ver con indultos: el presidente está liderando ese tema que se analiza con mucha rigurosidad. El tercer tema son los reenvíos de presos a sus países; ahí se están explorando posibilidades.

En definitiva, y gracias a la gestión decidida y valiente del presidente Lasso, la Penitenciaría está bajo el control progresivo e indefinido de la Policía y las FFAA. Y esto en la medida que la Constitución, la ley y las resoluciones de la Corte Constitucional nos permitan tener esos controles de perímetros externos y pre-perímetros internos.

(*) Relato extraído de una amplia conversación con Pablo Arosemena, gobernador del Guayas.