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Asamblea tiene pocas semanas para pronunciarse sobre veto

A la Asamblea Nacional se le empiezan a acortar los plazos para pronunciarse sobre la objeción parcial que realizó el Ejecutivo a las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que se aprobó en el Legislativo el 21 de julio.

El veto a la normativa tiene carácter “mixto”. Consiste en haber enviado 17 objeciones a consulta de los jueces de la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncien sobre su constitucionalidad o no; y otros 34 articulados fueron puestos para conocimiento y resolución de pleno del Parlamento.

El veto llegó a la Asamblea el 24 de agosto de 2022. Desde entonces empezó a correr el plazo de 30 días para negar o allanarse a la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el pronunciamiento debería ser antes por el anuncio del inicio de la vacancia legislativa prevista para el 12 al 26 de septiembre.

Kléver Chica, presidente reelecto de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) para el periodo 2022-2024, opinó que la decisión de enviar 17 artículos es un compromiso «muy delicado para la Corte» porque el tema (comunicacional) ya se convirtió en un proceso eminentemente político.

“El problema ya no es solo defender los derechos adquiridos por ejemplo de los radiodifusores, ya no es solo el hecho de defender la libertad de expresión que forma parte del derecho que tiene toda la ciudadanía y no solo de los comunicadores; se priorizará lo político y no habrá un debate técnico”, advirtió.

En todo caso, a AER aún le preocupa el tratamiento que se intenta dar a la distribución del espectro radioeléctrico (frecuencias).

En la ley de 2014 el espectro radioeléctrico estaba distribuido así: el 33% para los medios públicos, el 33% para privados y el 34% para los comunitarios. Luego, en la normativa promulgada en 2019 (que está vigente) «los radiodifusores logramos» que los medios públicos -por no tener capacidad económica para financiar el 33%- se les asigne el 10%, y el 23% restante se lo agregue al 33% de los medios privados.

Es decir, en la Ley de Comunicación vigente el 56% de frecuencias corresponde a los medios privados, el 34% es para los medios comunitarios pero que no lo han ocupado en su totalidad pues la cobertura llega apenas al 10%.

En medio de este debate, los radiodifusores ven «peligroso» que se intente volver a los porcentajes de distribución del año 2014.

Kléver Chica aseguró que los radiodifusores están predispuestos al diálogo. «Aquí no debe haber enfrentamientos, ni oposición; aquí debe haber una causa común en la búsqueda de la libertad de expresión y el respeto a la ciudadanía», dijo. El debate debe darse en función de la equidad. «Solo eso nos va a unir a los ecuatorianos».

Añadió que los legisladores tienen la obligación moral, y esta es la oportunidad para demostrar lo que ofrecieron en campaña: luchar por el bienestar de los ecuatorianos.

El 29 de julio en una asamblea ampliada, AER resolvió solicitarle a Guillermo Lasso, presidente de la República, un veto total al proyecto aprobado en el Legislativo. AER realizó 16 observaciones a la normativa por tener carácter inconstitucional.

Entre los 17 artículos que el gobierno remitió a la CC por considerarlos que vulneran derechos son entre otros, la eliminación de la “opinión» del contenido comunicacional, definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.

Además consta la definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior, la designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia, poder de decisión de los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales, exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios, y adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias

Mientras que en los 34 artículos vetados se incluye, por ejemplo, suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, modificar la composición del Consejo de Comunicación, evitar limitaciones en la difusión de contenidos para la protección de derechos.

Asimismo, limitar la creación de medios de comunicación oficial, suprimir la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación, eliminar censura en internet y redes sociales, suprimir el llamamiento a concurso público para la adjudicación de las frecuencias.

El Gobierno hace un llamado a la Asamblea para que contribuya en la construcción de un Ecuador en el que la libertad de expresión sea pilar fundamental de la democracia. (SC)

 

 

Diario La Hora