En el veto parcial del Ejecutivo se incorpora la mediación nacional e internacional para resolver las diferencias relativas a inversiones.

La Asamblea Nacional aprobó el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

El legislador y ponente del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, propuso que la ley se vote en tres bloques, y manifestó que después de casi dos meses de largas jornadas de trabajo se aprobó la norma que, a su criterio, “propiciará el emprendimiento, fomento productivo, empleo y la sostenibilidad fiscal”.

Además, Albornoz indicó que la norma crea condiciones favorables para garantizar la estabilidad y el equilibrio fiscal, y que será eficaz y coherente con la realidad nacional. Ratificó durante el debate que también serán beneficiarios de la remisión de multas, recargos e intereses de obligaciones tributarias las personas naturales, los pequeños empresarios y entidades de economía popular y solidaria.

Se aprobó con 123 votos, la obligatoriedad de que la Junta Monetaria fije tasas de interés para los sectores agrícola y ganadero, y con 124 votos afirmativos la regulación para la reducción de los costos de los servicios financieros.

La devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en las actividades de exportación no consiguió el debido respaldo y registró 61 abstenciones, 46 votos afirmativos y 16 negativos.

Quedaron pendientes las observaciones al artículo 42, numerales 4,5 y 7 que están relacionadas con las reglas macro fiscales y los límites al endeudamiento público, porque no existieron los votos necesarios para aceptar los textos planteados por el Ejecutivo.

El asambleísta por el Partido Social Cristiano Henry Kronfle señaló que la Ley de Fomento Productivo es un paso importante para la recuperación económica del país.

En el tema del arbitraje internacional, destacó el veto presidencial en el sentido de que, si se da un contrato entre el Estado y una empresa, “es importante tener posibilidad de tener arbitraje nacional e internacional tanto para inversiones de menos de 10 millones, como las de más de 10 millones de dólares”, manifestó.

El asambleísta del autodenominado bloque de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, cuestionó la remisión de multas e intereses de deudas tributarias y mencionó que el informe de minoría señala que es mayor el sacrificio fiscal que el beneficio fiscal.

Muñoz remarcó que los 50 más grandes deudores del país se beneficiarán por USD 1.311 millones y lo que el Estado va a recaudar son USD 774 millones.

La asambleísta independiente Mae Montaño aseveró que en seis meses se han perdido 161 mil puestos de empleos adecuados y que la gente siente que “se está premiando a los ricos con la remisiones, no somos simpatizantes de las remisiones que premian a los incumplidos y a los que más tienen, cuando afuera se discuten los subsidios”.

Dijo que una ley por sí misma no reactivará la economía y que los incentivos tributarios no son suficientes para traer los grandes capitales que se esperaría que generen miles de empleos.

Mientras que Raúl Tello, asambleísta por Pastaza, dijo que la Ley de Fomento Productivo debería significar la generación de fuentes de empleo, y que “el Gobierno pueda cumplir su ofrecimiento de generar los 250 mil empleos por año”.

ANDES