Exige la reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht y luego proceder a su expulsión.

Quito. Con el voto afirmativo de 106 asambleístas, de las diversas fuerzas políticas, la Asamblea Nacional resolvió implementar varias acciones para prevenir y combatir la corrupción, esto en el contexto del caso Odebrecht.

El primer artículo de la resolución designa a asambleístas de distintas bancadas partidistas a conformar una delegación que se trasladará a Estados Unidos y Brasil, con la finalidad de recabar información, que posteriormente será procesada por la Comisión de Fiscalización y Control Político.

La delegación multipartidista está conformada por los cuatro vocales del Consejo de la Administración Legislativa: Verónica Arias (ARE), Soledad Buendía (PAIS), Luis Fernando Torres (PSC), Patricio Donoso (CREO), a los que se suman las presidentas de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión y de Relaciones Internacionales, Doris Soliz, así como la legisladora Wilma Andrade (ID).

Además, se decidió iniciar las acciones para llamar a juicio político al Contralor General del Estado y convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno ante la Comisión de Fiscalización para que explique el avance de las investigaciones.

Durante el debate, la oposición insistió en llamar al Vicepresidente Jorge Glas a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, sin embargo al finalizar la sesión el Presidente del Legislativo, José Serrano, explicó que no existen pruebas para reclamar su presencia ante dicho órgano, no obstante precisó que de ser necesario se lo citaría a futuro.

La resolución de la Asamblea Nacional también demanda celeridad en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, así como el inicio de procesos contra todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, presuntamente vinculadas en actos de corrupción desde el año 1987 y en todos  los niveles de gobierno.

Exige la reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht y luego proceder a su expulsión.

Esta resolución además dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparezca ante la Comisión de Fiscalización para que informe sobre el concurso de méritos y el proceso de selección del Contralor General del Estado y las acciones que ha realizado para combatir la corrupción. Demanda que se den por terminados los contratos que el Estado mantenga con Odebrecht y no volver a contratar con esta empresa.

También resolvió tramitar de manera urgente normas legales para prevenir y combatir la corrupción, como la muerte civil para los involucrados en hechos de corrupción; prohibir la contratación con empresas involucradas en actos ilícitos y crear incentivos para que la ciudadanía denuncie casos de corrupción

Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, recordó los cambios de esta última década, en donde ya no existe corrupción institucionalizada y legalizada y que se legisla para las grandes mayorías. La mayoría de los casos de corrupción, dijo, han sido denunciados por este gobierno, al tiempo de reconocer, que los controles han fallado. Indicó que la investigación debe ser desde 1987, año en el que la empresa Odebrecht inicia sus operaciones en el Ecuador. (El Ciudadano/LA NACIÓN)