Hasta el 5 de enero del 2022 la Comisión de Justicia de la Asamblea prevé aprobar el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

Así consta en el cronograma difundido por esta mesa parlamentaria este lunes 13 de diciembre de 2021, cuatro días después de que se clausurara el primer debate del que participaron 24 asambleístas de distintas bancadas.

La Comisión empezó este lunes a discutir las observaciones formuladas en el hemiciclo el pasado jueves 9 de diciembre, donde se identificaron tres nudos críticos en el proyecto: la temporalidad para la interrupción del embarazo, requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.

Según el cronograma previsto, el martes 14 de diciembre tienen planeado recibir comparecencias de expertos sobre el tema de la temporalidad; y el miércoles 15 lo propio para el caso de los requisitos, en sesiones a doble jornada.

La asambleísta Jahaira Urresta (Unes) pidió la comparecencia del gerente de la Maternidad Isidro Ayora, para que informe sobre la situación de las adolescentes embarazadas que son atendidas en esta casa de salud. A pesar que desde el jueves 16 el Parlamento entrará en receso hasta después de las fiestas de Navidad y fin de año, la Comisión encargará a los asesores de los asambleístas que preparen el informe para el segundo debate.

Antes de la votación del documento, previsto para el 5 de enero, los asambleístas de la Comisión planean sesionar el 3 de ese mes para el análisis y discusión del borrador de informe. Durante el primer debate en el Pleno, las bancadas no lograron asumir una postura de bloque y dejaron en libertad a sus integrantes para emitir sus criterios.

Las discrepancias fueron tal que, incluso, derivaron en cruces de mensajes vía redes sociales entre asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) que forman parte de la Comisión como Johana Moreira y Dalton Bacigalupo.

La Comisión prevé que el segundo debate en el Pleno se concrete del 12 al 19 de enero y seis días después, el 25 de ese mes, la votación del texto final que deberá pasar al Ejecutivo para sus observaciones.

 

El Comercio