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Asamblea aprobó Ley de Prevención de Drogas

El Pleno de la Asamblea Nacional, con votos 92 a favor, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas, que endurece las penas contra el microtráfico.

QUITO. Tras tres sesiones postergadas por falta de consenso en el bloque de Alianza PAIS, ayer, se aprobó la iniciativa presentada por la Comisión de Salud, que plantea reformar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establecer prisión de 1 a 3 años para el microtráfico en mínima escala y 3 a 5 años para la mediana.

“¿Queremos acabar con la droga entre los jóvenes? Habrá que meter preso a los microtraficantes (…) He exigido que haya sanciones más fuertes para los microtraficantes”, dijo el presidente Rafael Correa, en su enlace ciudadano del pasado 5 de septiembre pasado. Y pidió a los legisladores que haya prisión preventiva para los microtraficantes y sentencias superiores al año de cárcel.

Ese pedido del Presidente de la República se concretó la mañana de ayer. Actualmente, el COIP, en su artículo 220, señala que aquellas personas que porten pequeñas dosis (mínima escala) pueden recibir entre dos a seis meses de prisión. Y la de mediana escala, entre uno y tres años.

William Garzón, asambleísta de Santo Domingo, resaltó que la Ley Organiza Integral de Prevención de Drogas propone enfrentar el fenómeno socioecómico de las drogas desde la prevención integral convirtiéndose en una herramienta fundamental para combatir este fenómeno desde una iniciativa integradora porque la “prevención integral atañe a sistemas de salud, educación, laboral comunitario, familiar, recreativo”.

El proyecto contempla como mecanismos fundamentales acciones para la prevención del uso y consumo de drogas; el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y, reducción de riesgos y daños.

Además, los centros terapéuticos contarán con profesionales especializados, protocolos de buenas prácticas y programas de atención; en el caso de personas mayores de edad el tratamiento será voluntario, salvo los casos previstos en la ley. Las personas no podrán ser discriminadas, estigmatizadas por su condición de usuarias o consumidoras de cualquier tipo de droga.

Esta ley también establece la obligación del Estado de prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos de drogas e implementar programas direccionados prioritariamente hacia mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Atañe directamente a los sistemas nacionales en los campos de la salud, educativo, laboral, comunitario-familiar, recreativo – deportivo, cultural, comunicacional y de información. (DO/La Nación)