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Asamblea aprobó informe para primer debate del proyecto que deroga decreto para la sostenibilidad fiscal

Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto que deroga el Decreto – Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.

Daniel Noboa, presidente de la comisión, resaltó la necesidad de que el proyecto sea debatido por los 137 legisladores. Esto con el objeto de ampliar la discusión sobre este tema de interés ciudadano.

Cuestionó que el Gobierno, a pesar de los valores recaudados por el decreto-ley y los ingresos adicionales por el costo del barril de petróleo, no haya invertido en el territorio para mejorar el acceso a la salud y servicios básicos. Esto permitiría un desarrollo económico.

En su exposición, Marco de la Cruz, asesor del asambleísta Carlos Zambrano, señaló que el proyecto incluye las iniciativas de los asambleístas Viviana Veloz, Ángel Maita, Patricia Sánchez y Salvador Quishpe.

Destacó que la mesa legislativa ha dado tratamiento a la propuesta en 11 sesiones ordinarias. En ellas participaron 29 actores y expertos en el tema.

Posibles irregularidades
En esta sesión también participaron los legisladores Viviana Veloz y Cristóbal Lloret. Ellos mencionaron que los impuestos previstos en el decreto-ley vigente han recaído sobre la clase media. Esto ha afectado al sector real de la economía.

En otro orden, como parte del proceso de fiscalización y control político ante posibles irregularidades en la contratación de seguros de las antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Asamblea escuchó a Ralph Suástegui, gerente General de CNT. También a Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha; y a Galo Larrea, experto en seguros.

Finalmente, la comisión aprobó, por unanimidad, la designación del legislador John Vinueza como delegado del organismo para participar en las mesas temáticas en el proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.

 

 

 

 El Comercio