Economía

Arranca proceso socialización del proyecto urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción

La Comisión de Régimen Económico y Tributario, este 22 de enero, conoció el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Con ello, la mesa legislación presidida por la legisladora Nathaly Farinango (ADN), inicia la etapa de socialización previa a la elaboración del informe para primer debate. La primera comparecencia fue la directora de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, Tatiana Sampedro, respecto a la necesidad de reformar la ley de Extinción de Dominio.

La etapa de socialización se extenderá hasta el sábado 27 de enero y el informe para primer debate estaría listo hasta el martes próximo.

Al menos una docena de funcionarios y autoridades de Gobierno serán llamados a comparecer para presentar sus observaciones a la propuesta del Ejecutivo y explicar el alcance. También en la lista constan los representantes de los gremios de la producción.

Están llamados a comparecer:

  1. Ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

  2. Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

  3. Ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.

  4. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

  5. Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

  6. Presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román.

  7. Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la República, Mishel Mancheno.

  8. Director general de la UAFE, Alan Sierra Nieto.

  9. Superintendente de Bancos (s), Guadalupe Cabezas.

  10. Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado.

  11. Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea.

  12. Director general del Sercop, Deborah Jones Faggioni.

  13. Representante de la Cámara de la Industria de la Construcción.

  14. Representante de la Cámara de Ingenieros Civiles de Pichincha.

Debate

La directora de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, Tatiana Sampedro, tras explicar que la extinción de dominio es una procedimiento especial, que no persigue como tal a la persona que lo comete, sino a los bienes fruto de ilícitos, y el tipo de la acción no prescribe.

Revisada la propuesta del Ejecutivo, explicó Sampedro, resaltó la reducción de los tiempos procesales, ya que a eficiencia en la administración de justicia propone no únicamente incrementar los tipos penales, sino también acorta los tiempos procesales, por ejemplo, la fase investigativa de doce meses se acorta a tres meses el tiempo de la investigación. Esta temporalidad permitirá que los bienes efectivamente sean recuperados por parte del Estado, afirmó.

Actualmente, explicó Tatiana Sampedro, que es lamentable ver que las sentencias no han podido ser contundentes en cuanto a la recuperación de los activos.

La funcionaria resaltó que en el proyecto de ley urgente se incorpore el texto donde se señala que el 90% de los recursos que se recuperen con la extinción de dominio sean dedicados a la inversión y desarrollo social. El 10% restante servirá para la modernización de la Fiscalía General del Estado.

El asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye, pidió a la mesa legislativa considerar una preocupación respecto a la aplicación de la extinción de dominio, si bien es importante la sentencia ejecutoriada para proceder a la extinguir el dominio de un bien ilícito, se debe considerar también a los perjudicados de buena fe; por ejemplo, alguién adquiere una propiedad lícitamente producto de su ejercicio profesional, de su trabajo o de actividades comerciales, pero resulta que esa propiedad ha estado involucrada en un delito de lavado de activos o narcotráfico; pero resulta que se declara la extinción de dominio de ese bien, entonces, resulta que se está frente a un perjudicado de buena fe. Eso debe regularse en la ley, anotó.

Christian Gallo, experto en materia penal y docente universitario, resaltó que en el proyecto se hable de una articulación de varias instituciones para llegar a determinar los bienes de origen ilícito. (I)

Por:  Radio Huancavilca