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Argentina expulsó en horas a familia de alias ‘Fito’, ¿por qué demora la entrega de Hernán Luque?

Han pasado trece días desde que Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y procesado en el caso Encuentro, fue detenido en Argentina por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) y aún no se concreta su extradición. Sin embargo, cuando se trató de la familia de alias Fito, encontrada en el mismo país, la expulsión se dio en menos de 24 horas.

La diferencia en el manejo de estos procesos radica en que en el caso de Luque lo que se está solicitando es la extradición del exfuncionario a territorio ecuatoriano, donde es procesado por el delito de delincuencia organizada. Mientras, sobre la familia del líder de Los Choneros no pesaba ninguna orden de detención, ni siquiera un “código azul” de Interpol de pedido de paradero y se les aplicó una medida migratoria.

Familia de alias ‘Fito’ recibió revocatoria de residencia transitoria

Al no existir ninguna orden judicial sobre la esposa de alias Fito, sus hijos y otros allegados -que estaban residiendo en una casa que habían adquirido en el country Valle del Golf, en Malagueño, en las afueras de Córdoba- el Gobierno argentino usó una resolución migratoria para sacarlos del país: la revocatoria de la residencia transitoria.

La familia de alias Fito fue encontrada el 18 de enero y enviada de regreso al país tras un megaoperativo que se realizó en el country donde estaban refugiados. Llegaron el 19 de enero a la Base Aérea de Guayaquil y al no tener órdenes de arresto en su contra fueron liberados.

Luque depende de decisión de la justicia argentina

 

Para el regreso de Luque el proceso es diferente. Él fue detenido el 8 de febrero y es considerado pieza clave dentro de una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.

El 15 de febrero, Ecuador solicitó formalmente la extradición e incluyó la información respectiva sobre el procesamiento penal de Luque y la orden de prisión preventiva que existe sobre él. El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, entregó a la Cancillería ecuatoriana el pedido que debe ser remitido a las autoridades de Argentina no solo para que se dé la extradición del expresidente de la EMCO, sino para que él se mantenga detenido mientras se da el trámite.

De lo que se conoce, Luque tendría un equipo de abogados que buscarían evitar la extradición.

El abogado penalista Stalyn Oviedo explica que, en el caso de Luque, el proceso se maneja en apego al Derecho Internacional y con participación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

“El señor Luque, al igual que todos, tiene el derecho a la movilidad humana y la orden de prisión preventiva le vulnera este derecho y para analizar este pedido es que se abre un proceso en la justicia argentina… y hacerse efectiva esta orden, él tiene derecho al debido proceso. Tiene derecho a demostrar que no es perseguido político o si se cumplen o no los requisitos para la extradición y el señor está cumpliendo el proceso administrativo y él va a buscar que no exista una sentencia que lo envíe de vuelta a Ecuador”, refiere.

Oviedo pone de ejemplo la extradición fallida del expresidente del Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) Ramiro González, quien fue detenido en abril de 2019 en el distrito de Miraflores, en Lima (Perú) por una notificación roja de la Interpol.

La justicia peruana consideró improcedente el pedido de extradición en enero de 2020, argumentando que la defensa de González asegura que el caso empezó luego que los hechos a juzgar prescribieron.

González era investigado por supuestamente adjudicar de forma irregular un contrato de limpieza de dos hospitales, por un monto superior a dos millones de dólares, y autorizó su ejecución por dos años, cuando debieron ser cinco.

Oviedo considera en cuanto a Luque que, a la par de que se cumpla el proceso, se puede presentar un problema político si Argentina decide no conceder la extradición y cuestiona la falta de experiencia de los abogados ecuatorianos en estos temas que ya se ha demostrado en casos como los de González.

En tanto, Luque es parte de la lista de ocho personas procesadas por el delito de delincuencia organizada. La misma inicialmente se completaba con los nombres de Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso; Antonio Icaza, ex gerente general de CNEL; Roberto Bueno, Julio León, Jorge Orbe, Gabriel Massuh y Leonardo Cortázar.

La instrucción fiscal por delincuencia organizada de esto caso culmina el 22 de marzo próximo.

Por:  KCH