Opinión

Arbitrariedad suprema

A pesar del escenario político que muestra un avance desquiciante de desinstitucionalización, con un Congreso aplastado por el Ejecutivo, sea cual fuere la razón, pero esa es la realidad; con un Poder Judicial en donde se libra una sorda batalla por el control de la Corte Suprema; con el Ejecutivo en pie de guerra contra el fiscal de la Nación, quien está soportando, además, una implosión en su contra desde el interior de dicha entidad; y con el anuncio tácito del Presidente que, peleado con su bancada en el Congreso, contará para el desarrollo de su planeamiento político con una Junta de “Notables” que de tales, en casi todos los casos, solo tienen para mostrar sus fracasos funcionales cuando representaban o dirigían instituciones hoy presas del caos y desgobierno.

A pesar de ese escenario que, por ahora, exige un análisis muy prudente para asumir los posibles desenlaces, hemos decidido tratar sobre otro tema que tiene que ver con la Corte Suprema, porque consideramos una clara muestra de arbitrariedad judicial.

De un tiempo a esta parte, en casos sometidos al Código de Procedimientos Penales, cuando las Salas Penales Supremas reciben vía recurso un expediente elevado por la Sala Penal Superior, para la revisión de una condena, lo primero que los abogados y la parte interesada asumen es el plazo sin final del trámite para que la fiscalía suprema produzca su dictamen y la Sala señale fecha para la vista de la causa, es decir, para que los abogados puedan formular sus alegatos orales de defensa.

Luego de la vista, la Sala publica casi inmediatamente una sumilla en la respectiva página web, con el resultado de la votación, a favor o en contra del que interpuso el recurso.

El problema está en que, desde la fecha en que se publica la sumilla, pasan meses que casi puede abarcar todo el año, sin que la Sala publique la resolución correspondiente en la cual fundamente la decisión contenida en la sumilla, de modo que ni los abogados ni la parte interesada conocen las razones por las cuales se decidió en tal o cual forma, lesionándose gravemente el derecho de defensa porque aunque un fallo de la Corte Suprema ponga término al proceso en definitiva, no significa que esté exenta de lesionar derechos.

Las excusas son inaceptables. Es más justo si se demoran y publican la resolución que estar justificando en muchos meses una sumilla poco pensada.

Autor: Marcos Ibazeta Marino