Seis son los problemas a atacar mediante la ley AntiMafias que se trata en la comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y que cuenta con apoyo del Gobierno italiano. En su etapa de construcción para primer debate han participado tanto organismos locales, internacionales y especialistas.

Estos se refieren a:

Organización criminal: reforma el delito de delincuencia organizada para identificar mejor los distintos roles dentro de una estructura criminal, como dirección, mando, financiamiento, planificación, control y colaboración externa.
Pertenencia, reclutamiento e infraestructura: incorpora herramientas para sancionar a quienes pertenecen funcionalmente a la organización, reclutan personas para fines delictivos o facilitan casas, bodegas, vehículos, caletas, galpones u otros espacios para su operación.
Economías ilícitas estratégicas: fortalece la respuesta penal frente a delitos relacionados con hidrocarburos, derivados, gas licuado de petróleo, biocombustibles y favorecimiento de servidores públicos.
Riesgo procesal: exige una valoración más rigurosa del riesgo en casos de crimen organizado, incluyendo capacidad económica, capacidad armada, control territorial, redes de apoyo, intimidación de víctimas o testigos y posibilidad de continuidad criminal.
Bienes y extinción de dominio: permite administrar, preservar, vender anticipadamente o asignar temporalmente bienes incautados para evitar deterioro, abandono, pérdida de valor o reutilización criminal.
Responsabilidad institucional: refuerza la obligación de motivar adecuadamente decisiones judiciales en casos graves e incorpora consecuencias para profesionales que usen su función para favorecer estructuras criminales.
El argumento es que el crimen organizado no funciona como un delito aislado, sino como una estructura circular. En el centro está la organización criminal, y alrededor de ella operan distintos anillos: quienes dirigen, quienes pertenecen funcionalmente, quienes reclutan, quienes prestan infraestructura, quienes movilizan recursos, quienes lavan activos, quienes corrompen funcionarios, quienes intimidan víctimas y quienes conservan o administran bienes ilícitos.

Asimismo, existen mercados ilícitos interconectados como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el lavado de activos y el tráfico de armas y explosivos.

El modelo italiano antimafias en Ecuador
En la construcción de la normativa hay apoyo del gobierno italiano. El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, mencionó que Ecuador no está luchando contra una pandilla local, sino contra una organización transnacional que tiene tentáculos en todo el mundo con enormes recursos.

Para el diplomático, se requiere acción policial y militar, pero también —como eje fundamental— reformas al sistema judicial que incluyan recuperar el control de los centros penitenciarios.

Señaló que expertos italianos brindan asistencia. Subrayó que el problema también pasa por un cambio cultural, pues la ciudadanía tiene que estar del lado del Estado.

Para el embajador, la tipificación del delito de asociación mafiosa es esencial. Destacó que esta figura legal, implementada en la legislación italiana hace varias décadas, resultó clave para combatir a las mafias.

Expertos plantean reforzar acciones contras las mafias en Ecuador
Daniel Pontón, analista en temas de seguridad, expresó que todo lo que aporte a las reformas penales e institucionales para enfrentar el problema es bienvenido; sin embargo, sostiene que el principal obstáculo está en la justicia. Esto se debe a que se han registrado diversos casos donde la Policía detiene a sospechosos que, a las pocas horas, salen en libertad.

A su parecer, si Ecuador no brinda garantías a los operadores de justicia para hacer un trabajo efectivo desde los ámbitos tecnológicos, procesales, jurídicos y de seguridad, será complicado avanzar.

Añadió que la normativa no debe ser vista sólo como un paquete de reformas legales, sino como una política integral.

Recordó que existe asesoramiento del Gobierno italiano, país que lideró iniciativas similares frente a los problemas de crimen organizado que atravesó en la década de 1990.

Felipe Castro, docente de Derecho de la Universidad Católica que asistió a la comisión, planteó a nivel interno coordinar acciones institucionales.

Indicó que es necesario que instituciones de control como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el SRI y las Superintendencias de Compañías y de Bancos garanticen la trazabilidad del dinero, lo que permitiría a la Fiscalía actuar con mayor rapidez y efectividad en investigaciones o acciones preventivas.

«La delincuencia organizada ya no solo está en las calles, ya no solo está en la violencia que tenemos lamentablemente día a día, sino que ya está inmiscuida en la economía formal a través de diferentes estructuras», mencionó.

A nivel internacional, sugirió supervisar el ingreso de inversiones por razones de seguridad nacional, tanto antes como después de su concreción.

El dinero que mueven las operaciones sospechosas en Ecuador
En 2025, según el proyecto de ley, la UAFE identificó más de $1.200 millones vinculados a operaciones sospechosas de lavado de activos en el sistema financiero nacional, mientras que la Superintendencia de Bancos reportó 7.670 operaciones sospechosas el año pasado.

Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad Integral de la Legislatura donde se tramita la iniciativa, considera que la ley busca darle al Estado herramientas que se necesitan para enfrentar al crimen organizado como lo que realmente es, es decir, estructuras que tienen financiamiento, logística, redes de colaboración, control territorial y capacidad para infiltrarse en actividades legales e incluso en instituciones.

Para la asambleísta hay que golpear la economía de las mafias porque mientras una organización criminal conserve su dinero, sus bienes, sus rutas y sus mecanismos de financiamiento, tiene capacidad para volver a operar. Se necesita fortalecer la recuperación de activos y actuar sobre las economías ilícitas que sostienen al crimen organizado.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien presentó el proyecto, anunció que la ley Antimafias forma parte del eje de seguridad que es uno de los tres puntos de su agenda legislativa.

El proyecto tiene 3 artículos reformatorios, 1 disposición general y 1 disposición final. Dentro de estos artículos se incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley de Extinción de Dominio y Código Orgánico de la Función Judicial.

El informe para primer debate estaría listo en septiembre.

 

 

 

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