Internacional

Andy Rodríguez actuó por órdenes superiores y está protegido

Reglaje y chuponeo. El fiscal superior Jorge Luis Díaz Cabello solía referirse a él empleando la expresión “nuestro kamikaze”, lo que supone un fiscal dispuesto al suicidio legal para cumplir lo que sus jefes inmediatos le solicitaran, aunque eso fuera en contra de la ley, el debido proceso y la libertad de información

Kamikaze, la palabra japonesa utilizada para referirse a los pilotos suicidas de la segunda guerra mundial, era el alias que el fiscal superior y excoordinador general del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto Jorge Luis Díaz Cabello utilizaba para referirse al fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez.

“Andy es nuestro kamikaze” fue la frase que habría mencionado Díaz Cabello, recuerda un asistente de función fiscal, cuando un colega se quejó del trabajo de Rodríguez Domínguez. ¿Sobre qué reclamaba? El asistente no recuerda o ya no quiere contar más.

Protegido

Esa palabra describe muy bien lo que Rodríguez hizo el 5 de abril del 2023 al ordenar una videovigilancia y seguimiento a dos periodistas sin un elemento o indicio válido de que estuvieran participando en la reconstitución o integración de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una red de corrupción jurídica.

Es claro que se sentía protegido. Todos los indicios apuntan a que no actuó por iniciativa propia. Diversas fuentes lo señalan como un operador del excoordinador del Equipo Especial Jorge Díaz Cabello, y a este, de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El abogado de Benavides, Jorge del Castillo, escribió en la red Twitter: “Más parece que (el) periodista tiene otras complicaciones con ‘Cuellos Blancos’”. Del Castillo no identificó a qué periodista se refería.

Es cierto, un periodista, como cualquier ciudadano, puede ser investigado en caso de que existan evidencias objetivas de que ha cometido, está cometiendo o planifica cometer un crimen o integra una organización criminal.

Una nota

Pero en las resoluciones emitidas por el fiscal Rodríguez solo se consignan dos artículos periodísticos como evidencias de los supuestos actos ilícitos.

Sin embargo, ejercer el periodismo, buscar información y difundirla, informar o criticar sobre la actuación de jueces y fiscales, que es lo que hicieron Juan Carlos Tafur y César Romero, no es un acto ilícito, en un país democrático.

Ayer solicitamos al tercer despacho del equipo especial una copia de la carpeta fiscal 87-2023 para conocer todos los detalles de la investigación y los reportes de inteligencia emitidos de abril hasta noviembre.

Fuente:  La República Perù.