Opinión

AMORES ¡Libertad!

Orlando Amores Terán/ Quito

 

 

 

IGNORAR UN CONFLICTO ES AGRAVARLO

El alto nivel de desprecio a la ley, de irrespeto a la fuerza pública, de menosprecio a sus mandos, producto del sometimiento, desde el 2008, a un ordenamiento jurídico diseñado para favorecer el delito y proteger a los criminales, anteponiendo los derechos humanos de infractores, delincuentes, terroristas, al interés general de la sociedad y sus instituciones, provocó la anulación de la legítima reacción de la fuerza pública, ante el ataque del crimen, del terrorismo. Sumado a lo anterior, la infiltración del hampa en las instituciones públicas y en las fuerzas de seguridad; se cierne sobre la población ecuatoriana inerme, un constante peligro, porque está desprotegida.

Desarmaron a la población civil, para que el hampa prospere con libertad.

La delincuencia siempre fue la aliada esencial para la implantación del comunismo; ahora, es la herramienta para el establecimiento del narcoterrorismo en América, por ello asalta, viola, secuestra, extorsiona, roba, asesina.

Los hechos de agresión atemorizan e inutilizan a las personas indefensas.

Todo esto ha provocado un nivel de violencia a gran escala, que enfrenta a la fuerza pública contra grupos fuertemente armados, vinculados al narcoterrorismo internacional, que luchan por tener preponderancia dentro del régimen de turno y por controlar territorios en la jurisdicción nacional.

Este inevitable enfrentamiento debe ser asumido por el alto mando, como la manifestación evidente de una conflagración interna, híbrida, asimétrica, que mientras más tiempo se la «ignore», mayor perjuicio ocasiona al país y en particular a su población; provoca ensoberbecimiento en los mandos terroristas y sus grupos armados; expone a la fuerza pública a mayor contaminación y destrucción de su moral.

Por consiguiente, deben sugerir al mandatario, que concomitante a declarar: estado de guerra interna contra el narcoterrorismo, disponga al CNE que convoque a Consulta con las preguntas aprobadas por la CC en Dictamen 7-19-RC-19, que son las únicas que eliminan las funciones e instituciones que instauran el narcoestado: Función de Transparencia y Control Social, Función Electoral, Asamblea Nacional, CPCCS, CNE, CJ, regiones.

No existe otra forma de recuperar la Patria, el prestigio de sus instituciones, la seguridad de la población, la democracia y la libertad, al mismo tiempo.