Opinión

AMORES ¡Libertad!

Dr. Orlando Amores Terán / Quito

 

NO HAY CONTRATO SOCIAL

El Estado es un ente abstracto; por tanto, cuando se establece un régimen constitucional, no se firma un contrato social. Esta es una tesis arcaica del siglo XVIII utilizada para justificar la existencia del Estado moderno, el cual, como organización política, impone legislación mediante su poder coactivo desde sus orígenes. Por lo tanto, no existe una relación bilateral que permita a los ciudadanos asociados al Estado discutir, impugnar o corregir cada una de sus decisiones ante un organismo imparcial.

Por el contrario, el Estado ejerce su autoridad en todas las funciones e instituciones mediante la fuerza. Actúa de manera análoga al crimen organizado: si no se cumplen con lo que denomina impuestos, patentes, matrículas, permisos o autorizaciones, impone sanciones.

Donde una parte ejerce la fuerza, no puede haber verdadera convención ni «contrato». La Carta Chávez debe ser desmantelada desde sus fundamentos funcionales, pues no estableció un «contrato fraudulento» sino un régimen narco-Estatal, lo cual no es solo un fraude sino un crimen de lesa humanidad. El tráfico de narcóticos, junto con otros negocios ilícitos, ha dejado de ser un delito común para convertirse en el principal medio de financiamiento del narcoterrorismo internacional, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad. El socialismo del siglo XXI ha utilizado estas organizaciones criminales para perpetuarse en el poder mediante prácticas electorales corruptas, financiadas por el tráfico de armas, personas, órganos humanos, divisas, documentos y narcóticos. Además, ha resultado en el asesinato de más de 120 millones de personas en nombre del «ejercicio político» comunista.

Alertamos a los ecuatorianos sobre esto desde 2008, cuando se fraguaba la Carta Chávez en Montecristi. En 2019, inmediatamente después de destituir a los jueces de la Corte Constitucional y presidirla con un jurista respetable, el Dr. Salgado Pesantes, propusimos una reforma constitucional. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en el Dictamen 7-19-RC-19, permitiendo la eliminación de las funciones e instituciones creadas por el narcoterrorismo internacional.