Opinión

Amores ¡Libertad!

Dr. Orlando Amores Terán/Guayaquil.

 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE REPARTO, UNA IRRESPONSABILIDAD.

En el seguro social general, una persona se puede jubilar con 35 años de aportaciones, usualmente tiene entre 60 y 65 años de edad cuando accede a dicha prestación.

Por el desarrollo de la medicina y el control de muchas enfermedades, las personas tienen mayor extensión y calidad de vida, razón por la cual algunos sistemas de seguridad social europeos, particularmente, piensan subir a 70 años la edad mínima para acceder a la jubilación.

Personalmente, considero que el aporte a la seguridad social es un impuesto al trabajo, opera como las estafas piramidales, porque sustraen dinero de los aportantes para pagar a los jubilados. El problema se complica cuando el número de aportantes es menor al número de jubilados que reciben la prestación; lo que sucede es que este modelo piramidal de estafa no colapsa, porque el Estado destina recursos de los que sustrae a otros sectores a la cobertura de las jubilaciones.

Pero actualmente asistimos a una crisis: Primero, porque la seguridad social no es un sistema de capitalización, sino de reparto. Segundo, porque quien maneja la seguridad social no son los aportantes y los jubilados, a través de un directorio técnico integrado por matemáticos, especializados en finanzas e inversiones, para que capitalicen las aportaciones, y del producto de la inversión, cubran las prestaciones. Tercero, porque el Estado, a la vez que sustrae el 20,60% del salario de los trabajadores, porque el patrono imputa a sus gastos laborales el 11,15% que le corresponde cancelar; utiliza esos dineros como si fuesen de su propiedad; lo que no sucedería si a los trabajadores se les paga su remuneración completa, dejándolos en libertad para contratar el seguro de vejez que ellos deseen.

Todo lo cual se agrava respecto de la seguridad social, militar y policial por las mismas causas expuestas y dos adicionales que son inherentes a estos seguros: Cuarto, el tiempo de aportación para jubilarse en los seguros militar y policial es de 20 años, ello genera un desbalance insostenible, porque una persona que ingresa a FFAA o PPNN a los 20 años de edad, a los 40 años puede jubilarse; lo que significa que el aporte es menor al tiempo de cobertura de la prestación, porque vivirá un promedio de 75 años, lo cual comporta una cobertura de 15 años que no está financiada. Quinto, tanto el ISSFA como el ISSPOL están administrados con un criterio de cuartel, puesto que forman parte de sus respectivos directorios los comandantes de fuerza y los ministros de Defensa e Interior, lo cual es nada técnico. La seguridad debe ser de capitalización, no de reparto y administrada por técnicos en inversiones, cuyos dineros no pueden ser distraídos de su originario destino. El uso de dichos dineros, que no sea para pagar prestaciones, debe ser sancionado como peculado, porque vulnera el principio de autonomía que tiene la seguridad social.