Opinión

AMORES ¡Libertad!

Dr. Orlando Amores Terán/Quito

 

HAMPA POLÍTICA

Cuando el hampa política se toma la administración pública, el Estado se convierte en una organización criminal, delimitada en un territorio, que coacciona a través de la fuerza y el terror que la denomina ley, para quitarles un porcentaje de lo que producen los ciudadanos, bajo amenaza de cárcel, si evaden la exacción estatal que la designa «tributo».

Sus actos son peores que los del crimen organizado, porque monopoliza la coerción.

Al expolio, el Estado ladrón, lo llama «provisión eficiente de bienes públicos».

El hampa que toma la gestión del Estado es legalmente irresponsable, porque no tiene obligación jurídica de responder por las pérdidas, por el incumplimiento, o por el cumplimiento imperfecto. Lo presenciamos todos los días en la obra pública mal hecha y con sobreprecios, en los escándalos contractuales, en las concesiones antipatria, generadas durante la década infame 2007-17.

No se incluye entre las obligaciones de los gestores públicos, hacer cálculos del costo beneficio, antes de realizar una gestión o invertir en una «obra pública».

En consecuencia, el hampa política procede con absoluta discrecionalidad e impunidad jurídicamente aceptadas, porque al no actuar con la responsabilidad de quien arriesga su dinero propio, puede mal gastar el dinero de los contribuyentes, sin la obligación ética de responder.

Esto debe cambiar, debemos exigir que se incluya el costo de responsabilidad por la administración de los recursos de los contribuyentes y por la «gestión» de los bienes de la Nación, para que sean repetidas las pérdidas, a los dignatarios, funcionarios y burócratas irresponsables que las provoquen.

Es hora de ponernos de pie y reaccionar contra el «statu quo» suscitador del abuso de bienes nacionales, de la corrupción generalizada e impunidad.

Esta lucha no es contra personas, a ellas las podemos destituir y serán reemplazadas por otras de similares o peores características.

Esta batalla es contra la institucionalidad narco-Estatal.

De ahí que sobran las preguntas inanes, de la inservible Consulta del régimen, máxime cuando el Legislativo ha propuesto similares reformas, cuya vigencia no nos cuesta 60 MUSD.