Opinión

AMORES ¡Libertad!

Orlando Amores Terán/Quito

 

DECRETO INSUFICIENTE

 

Los instrumentos internacionales aplicables a nuestra situación son:

1) Convención Interamericana contra el terrorismo que tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo.

2) Convención Internacional contra la toma de rehenes.

3) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.

4) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo.

Ridículo el argumento de la paz de Westfalia.

Fuera de contexto la resolución de la Corte Internacional Permanente de Arbitraje, porque establece parámetros de soberanía entre estados, mientras que el problema en Ecuador consiste en un «Casus belli» que la timoratez de los mandatarios de turno ha preferido darle un tratamiento irresponsable.

No obstante, desde los acontecimientos terroristas de octubre 2019, cuyos actores fueron amnistiados por asambleístas siniestros, antipatria, es evidente que el territorio ecuatoriano está sometido a actos de violencia indiscriminada, que han cobrado la vida de 6.611 personas asesinadas, sin contar las masacres en las cárceles; exponiendo al pueblo ecuatoriano al vandalismo terrorista que volvió a manifestarse en junio 2022, al asesinato, a la extorsión, al secuestro, a la sustracción de sus bienes, a través de actos que generan terror, provocados por organizaciones armadas, vinculadas al narcoterrorismo internacional.

La agresión territorial, consiste en la presencia invasiva de estos sujetos hostiles, nacionales y extranjeros, que controlan segmentos territoriales relevantes del país, con absoluta impunidad, prevalidos de sus contactos con el hampa política, creando franjas «liberadas» de la presencia estatal, «santuarios», para la ejecución de sus actividades terroristas.

En el Decreto, se trata el problema como la transformación del hampa común, en crimen organizado beligerante. Omite admitir que se trata de organizaciones narcoterroristas dedicadas a actividades ilícitas, cuya principal fuente de financiamiento es el tráfico de personas, órganos humanos, divisas, equipos, documentos y narcóticos, bajo el amparo de la estructura narco-Estatal vigente.

Lo positivo del Decreto podría decirse que es haberlos declarado «terroristas» a varias organizaciones narcoterroristas que asuelan el país.

Pero por la timorata y reiterada recomendación de respetar los «derechos humanos», acatar el «derecho humanitario» de terroristas asesinos armados, de terroristas extorsionadores armados, de terroristas secuestradores armados; tanto el reconocimiento del conflicto interno, como la declaratoria de terroristas, va a tener una respuesta «muy prudente», no letal, por parte de la fuerza pública, la misma que será apreciada como debilidad y temor, por el narcoterrorismo, lo cual le provocará mayor ensoberbecimiento.

El mandatario debe asumir el costo político de la declaratoria del conflicto y disponer a la fuerza pública que actúe con toda su capacidad letal, hasta recuperar la seguridad interna del país; garantizando la integridad física, psicológica, moral de las personas no vinculadas al narcoterrorismo; protegiendo sus bienes individuales y los de la Nación.

No obstante, continúa incólume el narcoestado, que es la causa que ocasiona, entre otros efectos, la inseguridad, provocada por el narcoterrorismo, resguardado por la legislación de derechos humanos y el garantismo penal, que en el Decreto se antepone al interés general de la sociedad, de sus instituciones y de las víctimas, a las que mantiene desarmadas, en indefensión.