Opinión

AMORES ¡Libertad!

Orlando Amores Terán/Quito

 

 

INFLACIÓN DE LA LEY

La inflación de la ley comporta el deterioro del valor de las normas jurídicas.

En Ecuador, al instaurarse el narcoestado durante la década infame 2007-17, se impuso un Estado de «derechos», lo que significó el envilecimiento de la ley, porque a cualquier necesidad, puede interpretarse que se le debe asignar un «derecho».

Jamás podemos olvidar las estulticias consignadas en el régimen jurídico, surgido de la «revolución socialista del s.XXI», desde la redacción de los textos legales, utilizando de modo estúpido el «lenguaje inclusivo», como si las palabras tuviesen sexo; pasando por la propuesta de incorporar en la Carta Chávez el «derecho de la mujer al orgasmo».

En materia legislativa se destruyó la institucionalidad que la veníamos construyendo desde los años 80.

En lo económico se interfirió el curso de la dolarización de mercado que funcionó óptimamente desde el 2000, al asumir el narcoestado ladrón «la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera», a través de ése inservible aparato denominado Banco Central.

El narcoestado ladrón, al arrogarse el monopolio de la fuerza, por su concepción de diseño, para favorecer el delito y proteger criminales, compartió ése «monopolio», con terroristas, vendedores de «protección», de armas, personas, narcóticos, extorsionadores.

En esta circunstancia, la función específica del Estado de derecho, que consiste en otorgar seguridad y justicia, la fragmentó, destruyendo su columna vertebral, que es la fuerza pública; al derogar sus normas orgánico funcionales; al desconocer sus fueros militar y policial; al degradarlos categorizándolos como simples «servidores públicos»; al obstruir usos, costumbres, tradiciones castrenses y policiales; al destrozar su sistema educativo de formación, subordinándolo a políticas exógenas alejadas de la doctrina y mística tradicional militar y policial. Todo lo cual deterioró la institución de mayor prestigio y credibilidad.

Con relación a la justicia, se puso énfasis en su ideologización, lo cual provocó una considerable presencia de jueces y fiscales doblegados al «imperium» de los derechos humanos y el garantismo penal de infractores, delincuentes y terroristas, por sobre el interés de la sociedad ecuatoriana y las víctimas.

En consecuencia, ser un legislador responsable, en la actual coyuntura, es dejar de generar leyes; concretarse en derogar normas, desregularizar regímenes jurídicos económicos y laborales.

Debe derogarse la legislación creada por el narcoterrorismo internacional, durante la década infame 2007-17, para recuperar el Estado de derecho y restaurar la República liberal, democrática, unitaria, desarmando el narcoestado plurinacional oclocleptocrático vigente.