Opinión

AMORES ¡Libertad!

Orlando Amores Terán/Quito

EMPRESA ECUADOR

La autoridad, no radica en el nombramiento, sino en los actos que realiza la persona investida de «auctoritas». Quién, en el ejercicio de su autoridad, demuestra ineptitud, incapacidad, incoherencia, torpeza, merece ser cuestionado y tratado como tal, sin que aquello denote falta de respeto.

Porque «autoridad», deriva del verbo latino «augure», que significa magnificar.

Si quien ejerce «autoridad» nos mantiene en la ruta del pobrismo; si avanzamos hacia la cubanización; si permite que el narcoterrorismo se fortalezca ante la destrucción institucional y el desgaste de la fuerza pública, mal empleada en reiterados estados de emergencia inservibles; si niega la guerra interna evidente, en lugar de declararla; si no desarma el narcoestado, mediante Consulta Popular; es inepto, incapaz, incoherente, torpe.

Pronunciar estas adjetivaciones contra quien en el ejercicio de su «autoridad» delegada, ha adecuado su conducta para merecerlas, sin utilizar procacidades, no es falta de respeto; porque quien las pronuncia es su mandante; toda vez que quien detenta «autoridad», lo hace por un mandato delegado, ya que autoridad en griego comporta «exousia» «ousia» equivale a «lo que se tiene»; mientras el prefijo «ex», implica: «fuera de», «separación».

Por tanto, la autoridad no le es inherente al sujeto que la ejerce, sino que la detenta desde fuera, por separado, por delegación del mandante.

En conclusión, a presidentes, diputados, ministros, prefectos, alcaldes y demás dignatarios y funcionarios, debemos tratarlos con el respeto, el decoro que merece todo ser humano, de acuerdo a las normas de urbanidad y buenas maneras, pero tenemos la obligación de exigirles resultados, porque nosotros les delegamos esas atribuciones, a través de nuestro voto, o de quienes nos representan, en las diversas funciones del Estado; porque a nosotros nos sustraen nuestros ahorros, para mantener el Estado; porque somos sus mandantes.

Debemos asumir la actitud de propietarios de la empresa denominada Ecuador y tratar a los dignatarios y funcionarios, como nuestros empleados.

Recién ahí ponemos en orden, la teoría democrática del mandato; entonces hacemos respetar nuestras decisiones e impedimos que nos traten como vasallos, quienes nos deben rendir cuentas.

Solo imagínense, si diez millones de ecuatorianos pensarían de ese modo y harían valer su titularidad de mandantes. ¿Cómo creen que actuarían los 800.000 burócratas, comenzando por el mandatario en ejercicio de la presidencia de la República?

Hemos cedido nuestros derechos de mandantes, ante el hampa política, por ello dependemos de las decisiones que tome esa minoría crapulosa; en lugar de nosotros exigir, demandar, ponerlos a trabajar por los intereses generales de la sociedad, no permitiéndoles que antepongan sus oscuros intereses.

Ya es hora de ponernos de pie.