Opinión

AMORES ¡Libertad!

Orlando Amores Terán/Quito

 

NAVEGAMOS SOBRE IMPRECISIONES

En Ecuador no hay democracia, porque no existe un vínculo cívico de exigibilidad ciudadana entre el partido político civil y el Estado. Porque no hay partidos políticos cívicos, civiles; hay clubes electorales, en donde se impone la voluntad del dueño del club, que además es público, porque está subsidiado con el dinero que nos sustraen a los ecuatorianos, mediante 68 impuestos.

No hay Estado, el 2008 instauraron un narcoestado, que consiste en someter a la población, a leyes diseñadas para favorecer el delito, proteger a los criminales, anteponiendo al interés general de la sociedad y sus instituciones, los derechos humanos y el garantismo penal, a favor de infractores, delincuentes, terroristas, para quienes el tráfico de personas, órganos humanos, divisas, equipos, armas y especialmente narcóticos, es el delito más favorecido por el sistema implantado.

No hay Constitución, hay una Carta Chávez que concentra el poder en la «Función de Transparencia y Control Social», por medio de su órgano ejecutor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que intervienen el resto de las funciones a través de la organización diseñada por el narcoestado, para controlar de manera sistemática todas las decisiones, en un contexto de cooptación e impunidad.

Al no haber división de los poderes estatales, no hay Constitución, de acuerdo con el Art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta circunstancia, urge abandonar la organización narco-Estatal, para evitar que el país se cubanice.

Desarmar la Carta Chávez, es la prioridad ineludible de un régimen libertario, democrático, liberal que hay que erigir en Ecuador.

Proclamar la narcocriminalidad, el sabotaje, el vandalismo, la destrucción, el incendio de bienes privados y públicos, como actos terroristas, es una responsabilidad inaplazable para poder neutralizarlo.

Declarar guerra interna híbrida, a toda la actividad del narcoterrorismo internacional que amenaza la seguridad de la Nación, para recuperar la paz y el control territorial, es el único modo de encarar el problema, sin dilaciones.
Propiciar por todos los medios, el mantenimiento de la dolarización, eliminando el intervencionismo estatal, como política económica, a fin de evitar mayor destrucción del aparato productivo.

Desregular la legislación laboral, para convertir al país en un lugar atractivo para la inversión, el desarrollo industrial, comercial, el emprendimiento, lo cual redunda en mayor ocupación, empleo y riqueza.

Solo actuando de ese modo lograremos superar nuestra actual situación. Caso contrario, el hampa política prebendaria -a la que le importa un comino partido por la mitad, el país, que no hace distinciones entre régimen liberal o narcoterrorista, mientras pueda realizar «negocios» con los bienes de la Nación-, nos precipitará al pobrismo, a la cubanización.