Dr. Orlando Amores Terán/Quito

 

 

MANTENTE VIGILANTE PARA NO PERDER LA LIBERTAD
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El desafío consiste, en negarle a cualquier régimen, el acceso a esta fuente de poder e instaurar un sistema constitucional liberador, democrático, para evitar tanto la concentración del poder, como la reacción social de impredecibles consecuencias, puesto que los diputados no representan a sus comunidades, obtienen candidaturas porque son «conocidos» o sumisos al propietario del club electoral, denominado organización política que los designa, lo cual permite el acceso a cantantes, bailarinas, peloteros, casquivanas, entrevistadores, torcidos morales, y una sarta de ineptos, aptos para el servilismo y el testaferrismo.

Su actual composición, no representa los intereses de los electores.

Debemos retornar a la tradición legislativa bicameral. Las constituciones de 1835, 1843, 1845, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1938, 1946, 1967, lo instituyen.

La inflación electoral creada por la proliferación de cientos de clubes electorales, tratados como organizaciones políticas estatales, produce el actual deterioro; a ello hay que agregar el diseño de movilidad económica del hampa política, para acceder de modo ininterrumpido al reparto de los bienes nacionales, a través de las denominadas «elecciones intermedias» cada dos años y los cortos períodos de 4 años de mandato.

Todo esto nos obliga a replantear el sistema electoral: Eliminar la obligatoriedad del voto.

Sanear el padrón. Suprimir elecciones intermedias. Aumentar a seis años el mandato. Excluir la reelección. Omitir procesos electrónicos, por ser susceptibles de alteración de votos. Excluir de las juntas receptoras del voto a funcionarios públicos y estudiantes de instituciones fiscales.

El trabajo de los legisladores debe estar orientado a derogar, enmendar, reformar la legislación; no a generar mayor inflación legislativa.

El trabajo de los senadores debe consistir en perfeccionar las instituciones, los regímenes jurídicos y designar los funcionarios, en base al mérito público reconocido por su aporte cívico; no por medio de «exámenes», de dudosa confiabidad.

El presidente de la República debe propiciar seguridad; fortalecer las funciones e instituciones estatales; respetar las contribuciones; controlar las finanzas públicas; privatizar las empresas públicas que generen pérdidas, responsabilizar y cobrar los perjuicios que ocasionen a la Nación los dignatarios y funcionarios del Estado.