Dr. Orlando Amores Terán/Quito

 

MANTENTE VIGILANTE PARA NO PERDER LA LIBERTAD
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Hemos llegado a la conclusión de que no hay otro camino que el de la Consulta Popular (Art.104 2do inciso), dispuesta por el presidente de la República, en sus primeros diez días de mandato, con las preguntas incluidas en la Reforma Constitucional aprobada por la Corte Constitucional, mediante Dictamen 7-19-RC-19.
Debemos utilizar las normas vigentes, no hacer elucubraciones teoréticas de Derecho comparado, inaplicables, porque no son parte de nuestro ordenamiento jurídico; ni propuestas retrógradas, que benefician al autodenominado socialismo del siglo XXI.
Los valores que nos inspiran son el respeto irrestricto a Dios, a la vida, a la libertad, a la familia, a la propiedad y a la Patria.
Evitar la cubanización del Ecuador. Mantener la dolarización de mercado.
Recuperar el Estado de derecho. Fortalecer el republicanismo devolviendo la independencia a las tres funciones del Estado. Solo de ése modo lograremos un país próspero, seguro, de libertad económica, financiera, de inversión, de comercio; de libertad para hacer negocios, para trabajar, para investigar, con zonas francas, de producción diversificada; cuya seguridad descansa en el Estado y en el derecho inalienable que tenemos los ciudadanos, para defender nuestra integridad personal, nuestra libertad y nuestra propiedad.
Restaurar la República es prioritario, para lo cual hemos de reorganizar las funciones del Estado, de acuerdo al régimen republicano.
Debemos comprender que no son los hombres quienes determinan un buen gobierno, sino las instituciones.
Ecuador tiene una historia institucional errática.
Reiterados cuestionamientos a la carencia de ética, en los diversos procesos electorales durante la década 2007-2017; requiere que se regule el órgano electoral a través de un Tribunal Supremo Electoral, integrado por delegados de todas las organizaciones políticas depuradas.
En la actual proliferación de clubes electorales, denominados organizaciones políticas, la corrupción es sistémica: se reparten cargos, se designan cada dos años mediante «elecciones intermedias», para repartirse instituciones y bienes nacionales.