Opinión

AMLO recurre al nacionalismo para no cumplir el T-MEC

El 20 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) inició consultas contra el gobierno mexicano por considerar que este no cumple con los términos del Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá (T-MEC).

Estados Unidos utilizó uno de los recursos dentro del mecanismo de solución de controversias que contempla el T-MEC para reclamar modificaciones en las condiciones de competencia. Canadá se sumó a la disputa contra México un día después. El daño estipulado por ambos países para sus empresas podría llegar a costar hasta 30,000 millones de dólares.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tomó esta disputa comercial de Estados Unidos y Canadá contra su política energética como la mayor afrenta a su nacionalismo económico y lo volvió un tema político. Sin embargo, estos reclamos surgen del documento que su propio gobierno aprobó.

Después de los cambios aprobados con la Ley de la Industria Eléctrica, en marzo de 2021, la acusación es clara: México no está cumpliendo con la apertura energética a la que se comprometió al firmar el tratado el 30 de septiembre de 2018 y en sus protocolos modificatorios aprobados en diciembre de 2019.

Estados Unidos lo acusa de tres cosas. La primera es que esta nueva Ley de la Industria Eléctrica solo permite comprarle electricidad, antes que nadie, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y deja fuera a las demás empresas. Después, que a los productores de combustible se les impuso una política de producción con ultra-bajo azufre, menos a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual le da un trato preferencial. Y por último, que desde 2013 las empresas podían importar y transportar gas natural, pero ahora solo Pemex y CFE —empresas paraestatales de petróleo y electricidad— pueden transportar gas natural, otra vez privilegiándolas sobre las demás.

México, a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, cuenta con 75 días de consultas para tratar de resolver la disputa. Si estas no tienen efecto, se procederá a instalar un panel de controversias, donde se investigará si México cumplió o no el T-MEC en el tema energético. Por los privilegios a Pemex y CFE, es posible que México pierda. De suceder así, el castigo para México será la imposición de aranceles elevados contra sus exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá.

Las medidas se impondrían donde elijan los países quejosos, y pueden ser en los productos más competitivos de México como automóviles, pantallas plantas, refrigeradores, lavadoras, o aguacates, tomates o moras. Estos castigos se traducirían en pérdidas para los productores o fabricantes, y eso impactaría directamente en la generación de empleos.

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son 80% del total, por casi 400,000 millones de dólares anuales, y hoy representan el principal motor de crecimiento del país al ser una economía con poco mercado interno. Si nos impone aranceles, sería un golpe fuerte.

Una semana antes de la disputa comercial, López Obrador se había entrevistado con el presidente estadounidense, Joe Biden. La reunión pareció ir bien, sobre todo en la principal preocupación de Estados Unidos que es el tema energético. Hasta que llegó el balde de agua fría: el aviso formal de la USTR.

Esta ya había advertido a México que su política energética estaba dañando a las empresas estadounidenses. Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, había mencionado un daño a las empresas de ese país por hasta 10,000 millones de dólares, debido a que México no estaba respetando lo acordado en el T-MEC.

La respuesta del presidente López Obrador a la acusación comercial por el tema energético, más que comercial o de inversión, fue política. Su primera reacción fue burlarse de la demanda comercial. Mientras tenía de fondo la canción del popular cantante tabasqueño Chico Che, a ritmo de cumbia, el presidente parafraseaba: ”Uy, que miedo, mira cómo estoy temblando”.

Para las cámaras empresariales fue una mala señal. La Confederación de Cámaras Industriales, que agrupa a representantes de varios sectores productivos, emitió un comunicado el mismo día donde expresó que no era conveniente entrar en controversia con el principal socio comercial de México.

Los empresarios esperaban una contestación de estrategia comercial dentro del T-MEC, no una afrenta a Estados Unidos y Canadá. Las empresas para invertir buscan certeza, cumplimientos de lo acordado en un acuerdo comercial y no cambios en las reglas del juego. Y lo que está haciendo México es cambiarlas, aunque con retórica nacionalista.

Al presidente López Obrador no le importaron las preocupaciones empresariales. En los siguientes días subió el tono y calificó de traidores a la patria a quienes consideran que su política energética privilegia a Pemex y CFE. Los tildó de hincarse ante los intereses privados y extranjeros. Y remató diciendo que la postura de su gobierno se fijaría el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, en un desfile militar. Como si la disputa comercial se tratase de una invasión al país.

Más allá del uso político por el presidente, la disputa comercial de Estados Unidos y Canadá contra México sigue su curso y el golpe económico sería fuerte. Pero más allá de esta afectación, está la pérdida de la confianza, de la certeza de mantener reglas claras del juego.

El gobierno mexicano ha tenido su talón de Aquiles en la poca certidumbre que brinda a las inversiones, en que las normas sean sostenibles en el tiempo. Tener reglas claras es sostener lo firmado y comprometido en el T-MEC. La administración de López Obrador sabía lo que se firmaba en el acuerdo comercial, a lo que se comprometía: mantener la apertura energética. Con el cambio, no solo se incumple el acuerdo comercial, sino también se daña la certeza en la inversión. Y no se recuperará por por más retórica nacionalista que exista.

 

 

 

The Washington Post