México vive uno de sus periodos más agudos de polarización política y la militarización del combate a la inseguridad pública es uno de los temas más álgidos. Los ánimos están encendidos a pesar de que existe un consenso general: debe existir una Policía nacional, civil y confiable, que permita al Ejército dejar de ocuparse de las tareas policiacas que ha venido haciendo desde 2006. La polarización se acentúa al preguntarse cuándo se puede lograr este objetivo.

Sin embargo, en vez de centrar la negociación en la creación de esta Policía, la institución que puede lograr su salida de las calles, los políticos mexicanos han preferido centrarla en el Ejército, que es el punto de polarización.

El debate sobre la militarización en México no se da solo respecto a la estrategia frente a la inseguridad, sino también sobre el empoderamiento del Ejército —una institución autoritaria por naturaleza— que se ha dado en este sexenio y el riesgo de que se traduzca en una paulatina pero sistemática pérdida de libertades democráticas.

En esta discusión, tanto el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la oposición contradicen sus convicciones y actuaciones históricas. Durante casi 12 años el hoy presidente hizo campaña electoral con la bandera de “regresar al Ejército a sus cuarteles”, después de que el expresidente Felipe Calderón iniciara con la militarización de la seguridad pública.

Pero desde 2018, cuando ganó la presidencia, ha hecho justo lo contrario: las Fuerzas Armadas cada vez se ocupan de más tareas que previamente estaban a cargo de civiles —además de la seguridad pública— y en las últimas semanas ha impulsado una reforma a la Constitución para que no regresen a sus cuarteles hasta 2028, cuatro años después de lo que él mismo planteó y el Congreso aprobó al inicio de su administración.

No solo eso: ahora propone una “consulta popular” improvisada, en la cual no participe el Instituto Nacional Electoral, donde se le pregunte a la ciudadanía si desean que el Ejército permanezca en las calles.

Los partidos de oposición hoy retoman la bandera obradorcita de campaña y exigen que se cumpla con el regreso de los soldados a sus cuarteles en dos años, cuando fue Acción Nacional quien potenció la participación de militares en el combate al crimen organizado al estar en el poder, y el Revolucionario Institucional mantuvo exactamente la misma ruta cuando lo sucedió.

Durante las últimas tres presidencias, a cargo de estos dos partidos y del actual, Morena, ha crecido dramáticamente el número de muertos en el país: se triplicó hasta llegar a 121,000 homicidios en los seis años del panista Calderón, creció a 157,000 con el priista Enrique Peña Nieto y ya van 130,000 en cuatro años de AMLO (la proyección es que en los dos años que le quedan rebasará por mucho a sus antecesores).

Frente a esos datos, queda claro que la estrategia de militarizar la seguridad pública no funciona. ¿Por qué entonces siguen los militares en las calles? Porque el Ejército es la única salida para apagar el fuego: ninguno de los tres gobiernos fue capaz de crear una Policía nacional, civil y confiable.

Calderón lo intentó con la Policía Federal pero hoy Genaro García Luna, su más alto mando, está detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico. Peña Nieto trató con una Gendarmería Nacional, pero los homicidios se dispararon en la segunda mitad de su sexenio. Y AMLO fundó la Guardia Nacional, pero su fracaso es tal que el propio presidente hoy está pidiendo que este organismo sustituya al Ejército en las tareas de seguridad hasta 2028. Y ya hizo que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de la de Seguridad y Protección Ciudadana.

La paradoja es que mientras los datos duros exhiben el fracaso de los militares en la contención de la inseguridad, el Ejército vive un sexenio de oro: se ha convertido en una suerte de empresa constructora que se encarga de las obras más caras y emblemáticas del sexenio, y apenas hace unos días se anunció que la Marina será dueña de una empresa turística para desarrollar las Islas Marías.

 

 

The Washington Post