La Asamblea Nacional remitirá el cuerpo legal al presidente de la República, Rafael Correa, para que tras su revisión lo ratifique o rechace de manera parcial o total.

QUITO. Una vez que la Asamblea aprobará, la noche del martes, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, y la Inversión Extranjera que tiene por objetivo estimular mediante incentivos la generación de un mayor número de emprendimientos que se ejecuten bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, tiene sus críticas.

A pesar que la normativa establece mecanismos para las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado para la ejecución de ciertos proyectos, excluyendo los de sectores estratégicos, salvo nuevas obras en materia energética. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot resaltó que es “una muy buena intención pero muy mal planteada y pésimamente aprobada. Se hace una Ley para dar incentivos tributarios, pero en la misma Ley se revive un tributo inconveniente y discriminatorio”, expresó.

Y es que la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas fue aprobada en un segundo debate del pleno legislativo con el apoyo de 96 asambleístas, una abstención y 24 votos en contra del cuerpo legal. La normativa determina líneas para generar incentivos específicos que permitan promover la financiación de proyectos productivos y la inversión nacional y extranjera para la provisión de bienes, obras o servicios requeridos por el Ejecutivo o los gobiernos locales.

Pero para el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, en entrevista con radio Huancavilca, reconoció que este sector recibe dicha ley con “algo de esperanza” a que sea efectiva. “Faltó que el sector público se termine de sintonizar con el sector privado, con la lógica de los inversionista, con los principios universales que mueven y que impulsan a los buenos empresarios. El Gobierno podría lograr más bienestar para el país si es que se ayudara de la inversión privada, generando un clima de confianza para el sector privado”.

El que fue más crítico fue Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, resaltó que su gremio cree que el proyecto pudo haberse beneficiado de algunas observaciones que hicieron como maximizar la inversión y que el sector privado pueda participar en procesos de interés público.

“Ecuador se ha convertido en un país caro para producir y consumir. Los empleos sostenibles solo pueden derivarse de empresas que sean sostenibles”. Y al mismo tiempo, Alarcón recalcó que “tenemos que trabajar en una verdadera alianza, en un ambiente de reglas claras”. (DO/La Nación)