Actualidad

Al proceso por obstrucción de la justicia en el que son acusados Wilman Terán y Xavier Muñoz se vincula a seis personas más

A 120 días se extiende la instrucción fiscal por el delito de obstrucción de la justicia, en el caso Independencia Judicial, una vez se confirmó la vinculación de seis personas al proceso penal que se inició en diciembre pasado contra el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán; los hoy exvocales del CJ, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, y otros cuatro funcionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Los vinculados en la diligencia que se dio la tarde de este jueves 4 de abril en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante la jueza Rita Bravo, sonlos funcionarios judiciales Milton A. y Santiago C., además de Liberton Santiago C., Jessica Ch., Milton H. y Olga V., exasesora de la entonces vocal Barreno.

A todos el fiscal general subrogante Wilson Toainga los acusa de ser cómplices de actos que condujeron a evitar, mediante sanciones suspensión y destitución, que el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, no siga frente a casos como Las Torres,en el que uno de los procesados era el excontralor Pablo Celi, y el relacionado a un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales de la Judicatura, Barreno y Juan José Morillo, y el exjuez de Pichincha, Vladimir Jhaya.

Fiscalía acusó en diciembre a Terán, Muñoz y Barreno como autores directos del delito analizado; mientras que Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela V., subdirectora Nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector  Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; y Katherine L., subdirectora Nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ, serían cómplices.

Tanto Muñoz como Terán presentaron, desde la cárcel y en fechas distintas, sus renuncias al cargo que mantenían en el CJ, mientras que Barreno fue removida de su vocalía titular cuando fue llamada a juicio por el delito de tráfico de influencias. Terán llegó el 15 de diciembre pasado a la Cárcel 4, en Quito, trece días antes que Muñoz, pues fue detenido dentro del caso Metástasis, proceso penal en el que se investiga a 52 personas por el delito de delincuencia organizada.

Actualmente, Muñoz permanece en la Cárcel 4 y Terán fue trasladado, el sábado 30 de marzo pasado, a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El resto de procesados, entre ellos Barreno, continúan cumpliendo sus presentaciones periódicas.

Luego de leer los hechos en los que se relacionarían los hoy procesados y los elementos con que cuenta la Fiscalía para tener las certezas del involucramiento de los seis vinculados en el delito de obstrucción de la justicia, el fiscal Toainga pidió que todos sean vinculados al proceso penal, que se extienda la instrucción fiscal en 30 días más, los cuales serán contados a partir de este 4 de abril, pero no pidió para ellos prisión preventiva, sino las medias cautelares de prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico.

Según Toainga, todos los hoy vinculados han acudido a los llamados hechos por la Fiscalía para rendir versión, es decir han dado muestras de querer colaborar con la justicia. Al no existir un riesgo procesal el fiscal subrogante cree que esas medida de carácter personal son las pertinentes.

En lo que tiene que ver con medidas de carácter real, el fiscal solicitó para cada uno de los vinculados la retención de cuentas, pólizas y bonos  que estos tengan en ciertos bancos del país hasta por un monto de $ 18.000 y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de los investigados en los cantones de Quito, Rumiñahui e Ibarra.

Procesalmente hablando el pedido de vinculación debe ser acogido en su totalidad por la jueza Bravo, quedando únicamente a que se debata sobre las medidas cautelares de carácter personal que se han solicitado. Al momento la diligencia está suspendida, pero luego será el momento de que hablen los abogados de la Procuraduría General del Estado, como acusadores particulares; la víctima indirecta, el exjuez nacional Walter Macías, y las defensas de los seis vinculados.

Al final de la diligencia se cooncerá si la jueza Rita Bravo mantiene las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalpia o las reforma. En total serán trece personas a las que se investigará por el delito de obstrucción de la justicia.

Fuente:  KCH