Opinión

Aeropuertos de París, ¿un referendo contra su privatización?

Por Luisa María González/Prensa Latina.

París,  (Prensa Latina) La Asamblea Nacional de Francia examinará hoy en tercera lectura la ley Pacte que incluye la privatización de la compañía Aeropuertos de París (ADP), un tema candente que ha logrado poner de acuerdo la derecha y la izquierda.

Pese a que diputados de partidos históricamente rivales coinciden esta vez en oponerse a la privatización de ADP, se espera que la normativa sea aprobada fácilmente, como ocurrió en las dos votaciones previas, gracias al respaldo de los legisladores del movimiento gubernamental La República En Marcha (LREM), con mayoría absoluta en el hemiciclo.

La administración de Emmanuel Macron lanzó la controversial ley Pacte (Plan de Acción por el crecimiento y la transformación de las empresas) e incluyó en ella la privatización de ADP, lo cual defiende como vital para adquirir medios que permitan financiar la innovación en el país.

Sin embargo, los detractores afirman que ello sería un error estratégico y un sinsentido desde el punto de vista económico, pues se trata de una de las empresas más rentables para el Estado.

Aunque diputados y senadores de los diversos partidos de oposición comparten una misma postura frente al tema, sus fuerzas resultan insuficientes ante la aplastante mayoría parlamentaria de LREM, por lo cual decidieron emprender un camino inédito: impulsar un ‘referendo de iniciativa compartida’.

Por primera vez en la historia, los legisladores reunieron 218 firmas para dar inicio al proceso, más de las 185 necesarias, según la ley.

‘Se trata de preguntar a los franceses si están de acuerdo en que el desarrollo y la gestión de los aeródromos tengan carácter de servicio público nacional y se mantengan bajo la égida del Estado’, explicó el diputado socialista Boris Vallaud, uno de los impulsores de la iniciativa.

Según los detalles divulgados, el próximo paso es someter el proyecto a examen en el Consejo Constitucional y, de conseguir un fallo positivo, reunir al menos 4,5 millones de firmas de ciudadanos, equivalente al 10 por ciento del cuerpo electoral.

Una vez superadas esas etapas y si el Parlamento no ha examinado un texto sobre el mismo tema en seis meses, el presidente de la República, Emmanuel Macron, estará obligado a convocar al referendo.

Por otro lado, la ley Pacte también sigue su curso y tras la votación de hoy en la Asamblea, deberá ser analizada igualmente en el Consejo Constitucional.

En caso de recibir el visto bueno, el gobierno tendrá entonces vía libre para proceder a la proclamación de la ley.

El avance del proyecto del referendo depende entonces del Consejo Constitucional, pues según la legislación en vigor, la propuesta necesita la luz verde de esa entidad antes de que la ley Pacte sea proclamada oficialmente.

La Constitución indica que el referendo ‘no puede tener por objeto derogar una ley promulgada desde hace menos de un año’, por lo cual si el gobierno consigue proclamar la normativa rápidamente, la consulta quedaría descartada en lo inmediato y habría que esperar 12 meses antes de organizarla.

En consecuencia, la iniciativa de la oposición necesita no solo el visto bueno del Consejo Constitucional, sino también obtenerlo con la menor demora posible.

¿Qué harán los magistrados? ¿Analizarán primero la propuesta de referendo o la ley Pacte? Son incógnitas que generan expectación y Francia y que prometen seguir nutriendo el debate.