La guerrilla más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo adiós a las armas el martes pasado, en el marco de un largo proceso de paz negociado en La Habana entre el gobierno colombiano y la dirigencia guerrillera.

El histórico acuerdo de paz fue firmado el pasado 26 de septiembre en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

En ese momento, Santos dijo que prefería “un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte y dolor en nuestro país, en nuestras familias”.

El conflicto colombiano dejó aproximadamente 260,000 muertos, 45,000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. En su medio siglo de duración tuvo un costo muy penoso que de ninguna manera debía seguir creciendo. Por eso ambos bandos hicieron bien en poner fin a una guerra sin sentido que deja muchas heridas en el tejido de la nación.

El martes pasado, el presidente Santos y los líderes insurgentes participaron en una ceremonia en la cual los observadores de Naciones Unidas sellaron los últimos contenedores con fusiles recogidos en los campamentos de las FARC en las últimas semanas. Los funcionarios de la ONU aseguraron que las FARC habían entregado todas sus armas, excepto las necesarias para mantener la seguridad en sus campamentos hasta agosto. Según las cifras que divulgaron, se recogieron 7,132 fusiles.

“No le fallamos a Colombia: hoy dejamos las armas”, afirmó Timochenko.

Pero el episodio histórico no ha estado carente de controversias.

El ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, y otros opositores al acuerdo de paz, dudan que las FARC hayan entregado todas sus armas.

También han expresado el temor de que los crímenes cometidos por los guerrilleros queden impunes. Uno de los puntos contemplados en las negociaciones es la aplicación de la justicia a los acusados de crímenes graves, en ambos bandos del conflicto. Pero ahora que se ha sellado la paz, ¿se cumplirá ese punto? ¿O quedarán criminales sueltos en un país desangrado por un conflicto de medio siglo?

En el referendo llevado a cabo el pasado 2 de octubre, el acuerdo de paz fue rechazado en una votación muy reñida de 50.2 por ciento en contra y 49.8 a favor. El gobierno y la guerrilla tuvieron que renegociar el acuerdo, incorporando demandas de la oposición, y finalmente el Congreso colombiano refrendó el nuevo pacto el pasado 30 de noviembre, sin pasar por el proceso de un segundo plebiscito.

La guerra ha terminado y las FARC se convierten en un nuevo partido político. Surgen interrogantes, como la línea política que tomarán y cuál será su influencia en el Congreso.

Los opositores más acérrimos aseguran que Colombia podría rodar hacia un régimen de izquierda, al estilo chavista, bajo la influencia de las FARC en el parlamento nacional. Pero ese giro es remoto e improbable. Lo que hay que aplaudir es haber logrado que la insurgencia deponga las armas y se convierta en una agrupación política reincorporada a la vida civil. El acuerdo de paz no es perfecto, pero como dijo Ingrid Betancourt, ex rehén de las FARC, es “el final de una pesadilla”. Esperemos que sea lo mejor para Colombia.

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