Opinión

Abusos y abandono en los orfanatos libaneses, un tabú a combatir

Kathy Seleme

@EFE

Los niños huérfanos o hijos de familias pobres sufren en muchos casos abusos, aparte de escasos cuidados, en los centros de acogida de menores del Líbano, una lacra convertida en tabú que una ONG se ha propuesto ahora romper.

La organización libanesa Agenda Legal ha ayudado a un joven a presentar una querella ante la justicia por las violaciones de las que fue objeto en uno de estos centros hace diez años. Su caso no es único.

Este joven entró en el orfanato a la edad de dos años y pasó en ella doce, siendo violado en los últimos cinco años con regularidad, explica a Efe el abogado Nizar Saghie, fundador de Agenda Legal.

Obligado a callar en esa época por los responsables de la institución, la víctima ha denunciado ahora tanto al centro como al Estado, un proceso judicial que se presenta complicado al haber pasado una década de los hechos.

“No es la primera víctima de violaciones, pero es el único que está decidido a cambiar las cosas. Los otros se sienten vulnerables, débiles y prefieren desistir si obtienen una pequeña compensación, indispensable en su caso”, lamenta el letrado.

Para Saghie, lo importante de este proceso es “romper los tabúes y que tenga un impacto, para que los responsables sean conscientes de que podrían verse afectados”.

“Los responsables de esas instituciones ganan dinero y los niños se convierten en una mercancía”, asegura el activista, que precisa que los violadores son en general otros niños internados, de mayor edad que las víctimas, que en algunos casos adoptan luego ese mismo rol y se acaba “comprando su silencio”.

Los orfanatos, financiados por el Estado pero no supervisados, dependen de los distintos grupos religiosos del Líbano, por lo que cualquier denuncia contra ellos es rechazada por los miembros de la comunidad.

Según un estudio del Centro Kamal Hamdan, en cooperación con el Ministerio de Asuntos Sociales, 27.000 menores viven en esas instituciones, de los que el 80 por ciento tienen padres sin recursos y el 20 por ciento restante son huérfanos o abandonados.

En opinión de la exministra de Estado Mona Afeiche, presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Padre Osseiran y militante por los derechos de los menores, es “necesario que el Estado supervise esas instituciones y se asegure de que los empleados son aptos y sin antecedentes penales”.

Afeiche cuenta a Efe que en al menos dos o tres de esos centros ni siquiera dan a los menores la educación esperada, privándolos de ir al colegio y obligándolos a trabajar antes de la edad legal.

“Hace un mes -explica- vino un adolescente de esas instituciones buscando trabajo, pero después de algunos días rechazó el empleo porque no sabía distinguir los números y no quería que los otros se dieran cuenta”.

La situación se agrava en la actualidad debido al aumento de la pobreza y el desempleo en el país desde el estallido del conflicto en marzo de 2011 en la vecina Siria.

Radwan Alamedin, asistente social de la ONG Save of the Children, dice a Efe que las instituciones caritativas tienen la obligación de educar a los niños, ofrecerles entretenimiento y darles seguimiento psicológico.

Sin embargo, en algunas ocurren “cosas graves”: “No dan una buena alimentación ni ropa suficiente a los niños, que siempre están sucios, les prohíben ver a sus padres y los castigan corporalmente para calmarlos o para que duerman”, detalla.

Alamedin también critica la rampante corrupción en el seno de estas instituciones, que no permite que el dinero de los donantes revierta en el bienestar de los niños.

Relata el caso de un huérfano de cinco años, que se le acercó en un parque “en busca de ternura” y le contó con tristeza que no recibe visitas.

La asistente social afirma no obstante que esto no ocurre en todos los centros, que en muchos casos les dan una buena educación, incluso buscando voluntarios para que ayuden a los menores con sus deberes escolares.

Para el fundador de Agenda Legal, la solución a este problema es que el Estado ayude económicamente a las familias pobres, para que no se vean obligadas a abandonar a sus hijos en estas instituciones arriesgándolos a ser víctimas de abusos.

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