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Abogados acusan a la Fiscalía de «mutilar» expediente del caso Independencia Judicial

En el sexto intento, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Independencia Judicial.

La Fiscalía, finalmente y luego de una serie de diferimientos, expondrá su acusación formal en el caso Independencia Judicial. El juez Julio César Inga deberá resolver cuántos de los 12 procesados irán a juicio por obstrucción de la justicia.

Uno de ellos es Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Quien debe estar preso en la Cárcel La Roca de Guayaquil, pero que concurre a la audiencia en la CNJ —en el norte de Quito—, ya que asumió su propia defensa.

Esta audiencia significa un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Fiscalía y Terán, que se inició cuando Terán estaba al frente de la Judicatura e intentó sacar a Diana Salazar de la Fiscalía.

Recientemente esta pugna volvió a encenderse, despues de que en la Asamblea Nacional —en medio del trámite de juicio político en su contra— Terán mostró chats que, supuestamente, mantuvo con la fiscal Salazar, que quería «cooptar espacios en la Corte». Sin embargo, en esta audiencia no actuará Salazar. La funcionaria principalizó a Wilson Toainga, quien es el fiscal General subrogante.

Los supuestos chats con la fiscal Salazar

En la primera fase de la audiencia, Inga dio paso a los argumentos de los procesados sobre posibles vicios que hayan causado nulidades en el caso Independencia Judicial. El primero en intervenir fue Wilman Terán, representándose a él mismo “Me hubiera encantado que esté la fiscal Diana Salazar”, dijo Terán al empezar su exposición.

Agregó que quería expresarle —de manera pública— que si antes del inicio de los procesos judiciales que ahora los enfrenta, él hizo algo que pudo haberla resentido, “no ha sido con la intencionalidad de ocasionarle ninguna afectación” También dijo que está seguro de que la Fiscal va a dejar del lado las pasiones diciendo de toda la verdad y lo relevante, dentro de este y otros procesos.

Está seguro, añadió, que Salazar sabe que ni él, ni los demás procesados han cometido un delito Sobre los pedidos de nulidad, Terán relató que, hace 12 días, se dio cuenta que en el primer cuerpo del expediente de este caso, cuando se enunciaba a los investigados inicialmente, su nombre fue tachado de esa lista.

Y volvió a contar que, cuando se empezó a investigar este caso, en mayo de 2023, él —por las características de su cargo en la Judicatura— mantenía comunicación permanente con Salazar. Y leyó una parte de un chat, del 11 de mayo de 2023, en el que supuestamente habrían hablado de la suspensión del entonces juez Walter Macías.

Mientras el procesado continuaba con la lectura, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, solicitó al juez que no permitiera que Terán siga porque esos chats no tiene que ver con el caso, ni con esta parte procesal.

Inga llamó la atención a Terán y le pidió que fuera al punto de los pedidos de nulidad. Terán siguió con su exposición sobre los mensajes, pero nuevamente volvió a interrumpir Toainga. El funcionario dijo que esos chats son parte de una investigación previa y que, por tanto, son reservados.

El Magistrado respondió que él no puede certificar la existencia de esa investigación previa, y la calificación de esa información reservada. Y le devolvió a Terán el uso de la palabra, quien pidió al juez que garantice su derecho a la defensa y que lo deje terminar su argumentación. Mientras en la audiencia se discutía sobre la pertinencia de la exposición de Terán, en la pantalla de la sala se seguían proyectando otros supuestos mensajes entre Terán y Salazar.

— Wilman Terán: Dicen que vienes contra mí? —

Diana Salazar: Obstrucción a la justicia. El reportaje de FY es lapidario, según me cuentan. No lo he visto. Con eso nos vamos.

— Wilman Terán: Entonces sancionar un acto disciplinario es obstrucción a la justicia?

— Diana Salazar. Que la ip lo diga. Yo no he visto elementos. Estoy retornando de México.

Para Terán, el hecho de que Salazar haya estado volviendo de México y haya tenido conocimiento del caso, justo cuando se empezaron las investigaciones, constituye una violación procesal, que acarrearía una nulidad.

Siguiendo con su relato, Terán recordó que el 14 de mayo la Fiscalía ordenó un allanamiento en la Judicatura, pero que, según la notificación, el pedido no fue en su contra, sino que su nombre fue incluido en el caso, cuando se pidió hora y fecha para la formulación de cargos.

Ese detalle, para él, es una violación al principio a la objetividad, ya que esa vinculación tenía una motivación política y personal de Salazar, que estaba preocupada porque el suspendido era un juez que estaba a cargo de los casos que eran de su interés. Además, aseguró que el expediente del caso ha sido mutilado por parte de la Fiscalía, en lo que respecta a los chats en mención, lo que significaría otro vicio para declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Así terminó la intervención de Terán.

Las demás alegaciones

El segundo procesado en intervenir, a través de su abogado, fue Andrés Jácome, quien pidió a la Fiscalía la posibilidad de revisar el cuerpo del expediente al que Terán se refirió. Tras hacerlo, dijo que -en efecto- no aparecen las 105 hojas a las que se refirió el exfuncionario. Ante esta situación, el abogado de Jácome también pidió que se declare la nulidad del caso, ya que no se puede discutir como elementos de convicción que la Fiscalía excluyó sin previo aviso del expediente. Esta postura fue apoyada por el abogado de Carlos Garavi, otro de los procesados.

El defensor dijo que el expediente fiscal ha sido mutilado varias ocasiones, ya que la Fiscalía no ha incluido varios pedidos de prueba solicitados por las partes. El abogado de Garavi, por ejemplo, mostró imágenes de la hoja 7.348 del expediente, donde consta un escrito de Wilman Terán, en el que solicitó la inclusión de varios documentos.

En ese oficio, consta el recibido de la Fiscalía, donde se anota que había 105 hojas de anexo, mismas que no fueron incluidas en el expediente. Además, el defensor mostró un oficio de la Fiscalía, en el que reportó la inclusión del escrito de la Terán, pero decidió -de manera unilateral- no incluir los anexos, sino remitirlos a la Fiscalía de fuero nacional, para que los incluya en otra investigación previa.

Defensor de Ruth Barreno pide «nulidad procesal»

A su turno, Cristopher Gallegos, abogado defensor de Maribel Barreno, exvocal de la Judicatura que también enfrenta este proceso penal, sugirió al juez la «nulidad procesal» de esta causa, tras los señalamientos de Terán.

Consideró que la Fiscalía incurrió en «vicios de procedimiento» al haber «mutilado o desaparecido» una parte del expediente, y excluir solicitudes de información a instituciones públicas sobre esta causa al considerarlos impertinentes, algo que le correspondía decidir al juez. Señaló que, de ese modo, el Ministerio Público privó del ejercicio del derecho a la defensa a los procesados.

«Si usted valida esto, le va a alcanzar a usted», le advirtió al juez y lo llamó a que «haga el control de legalidad» del Ministerio Público y que el caso vuelva hasta el momento cuando se detectaron las anomalías.

También pidió al magistrado revisar las actuaciones del exjuez Masías, a quien señaló de haberse «metido por la ventana» para sostener la posición de la Fiscalía. «Se le ha dado la calidad de víctima a quien, evidentemente, no la tiene». Tras la intervención de Gallegos la audiencia se suspendió.

Juez ratificado para esta causa

Antes del inicio de la audiencia, Inga solicitó a la Secretaría de la Sala Penal de la CNJ que certifique si existía una recusación en su contra. El Secretario indicó que la procesada Jéssica Chicaiza presentó esa demanda, pero que no fue aceptada a trámite por el juez Iván Saquicela.

Por esta razón, quedó ratificada la competencia de Julio César Inga en el caso Independencia Judicial, por lo que el magistrado declaró instalada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. El caso Independencia Judicial Este caso apunta a las presuntas irregularidades cometidas en el Consejo de la Judicatura, durante la administración de Wilman Terán, cuando armó una mayoría con los exvocales Ruth Barreno, Xavier Muñoz y Juan José Morillo.

Los dos primeros también procesados. En total, en este proceso por presunta obstrucción a la justicia, además de Terán, Barreno y Muñoz, hay otros 10 procesados, que también serán parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

Procesados por el caso Independencia Judicial
Por el presunto delito de obstrucción a la justicia

Tabla con 2 columnas y 13 filas. Ordenado de forma ascendente por columna «Procesado»
Andrés Jácome Exfuncionario de la Judicatura
Carlos Garavi Exfuncionario de la Judicatura
Jéssica Chicaiza Exasesora de Maribel Barreno
Katherine Luna Exfuncionaria de la Judicatura
Liberton Cueva Exsubdirector de Control Disciplinario de la Judicatura
Marcela Vaca Exfuncionaria de la Judicatura
Maribel Barreno Exvocal de la Judicatura
Milton Altamirano Exasesor de Maribel Barreno
Milton Herrera Exasesor de Wilman Terán
Olga Vivanco Exasesora de Maribel Barreno
Santiago Cifuentes Exasesor de Wilman Terán
Wilman Terán Expresidente de la Judicatura
Xavier Muñoz* Exvocal de la Judicatura

Este caso se originó en otro lío de corrupción en la justicia ecuatoriana. En mayo de 2023, la Fiscalía formuló cargos por tráfico de influencias en contra de Barreno y Morillo, por supuestamente ejercer presión en jueces de la Corte de Pichincha, que tenían en sus manos un caso relacionado con Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional.

Ese caso se llama Vocales y cayó en el despacho del exjuez Walter Macías. Pero, según la Fiscalía, en la Judicatura se armó una operación para separar al exmagistrado de esta causa. Inicialmente, la Judicatura suspendió a Macías y, posteriormente, incluso, lo destituyó.

El argumento fue una denuncia administrativa interpuesta por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos sentenciados en el caso Las Torres.

En medio de las investigaciones, Xavier Muñoz y Alex Palacios, exmano derecha de Terán, rindieron testimonios anticipados, y relataron la existencia de una estructura criminal para separar a Macías.

Todo como parte de un plan, que también incluía destituir a la fiscal Salazar y anular la sentencia del expresidente Rafael Correa para que vuelva al país. Gracias a esa aceptación de culpa y colaboración, Muñoz se sometió a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia reducida de nueve meses de cárcel.

Noticia en desarrollo.

Por:  PRIMICIAS