Opinión

A Constitucional Western: el auge y el ocaso del ‘dedazo’ civil (1929-1935)

Ab. Xavier Flores Aguirre/Guayaquil

Derecho, política, historia and random (that’s not whatever)

La Constitución del Ecuador del año 1929 buscó poner un alto al presidencialismo de las doce constituciones anteriores (siendo con la de 1929 trece constituciones en menos de 100 años, desde nuestra primera de 1830). Para este propósito, la Constitución de 1929 fortaleció a la Función Legislativa en sus controles a aquel ciudadano que ostentara el ‘título de Presidente de la República’ (Art. 72) y al resto del Poder Ejecutivo. Para el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco, esta Constitución de 1929 resultaba ‘un curioso y fracasado ensayo de régimen seudoparlamentario, inoperante en nuestro país’ (1)

A pesar de todos los controles del Poder Legislativo por sobre el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1929 le reservó al Presidente un súper-poder. Él podía designar a piacere al Ministro de lo Interior, quien, y esto es lo importante, de acuerdo con los artículos 79 al 81 de la Constitución era quien debía reemplazarlo al Presidente en caso de su renuncia. En la práctica, el Presidente (también el Encargado del Poder) podía nombrar a discreción a su sucesor. Así, auspiciada por esta Constitución, se hizo efectiva la práctica del ‘dedazo’ (2).

En este escrito se tratará exclusivamente el período del ‘dedazo’ civil. Esta especie de ‘dedazo’ ocurrió cinco veces entre 1929 y 1935. El primero en utilizar esta potestad fue Isidro Ayora (1879-1978), durante cuyo gobierno, específicamente el 26 de marzo de 1929, la Asamblea Constituyente aprobó esta décimo tercera y seudo-parlamentaria Constitución. El lojano Ayora, primer médico en ocupar la Presidencia de la República (v. ‘Médicos en la Presidencia’), había llegado a la Presidencia interina en 1926 por decisión de los militares, triunfantes en la Revolución Juliana de 1925 que había acabado con la perversión oligárquica y bancaria del liberalismo. Esa misma Asamblea del año 1929 designó Presidente Constitucional a Isidro Ayora el 17 de abril de 1929.

Llegó el año 1931, e Isidro Ayora, entre otras cosas, resintió que a su gobierno constitucional se le haya aplicado uno de los controles a la Función Ejecutiva previstos en la Constitución (la destitución de su Ministro de lo Interior, Julio E. Moreno), por lo que presentó su renuncia ante el Congreso el 24 de agosto. Pero antes de renunciar, estrenó el ‘dedazo’ y dispuso que sea el militar guayaquileño Luis Larrea Alba (1894-1979) quien ocupe el Ministerio de lo Interior, y así, una vez aceptada la renuncia del Presidente, pase él a ocupar la Presidencia en calidad de ‘Encargado del Poder’.

Larrea Alba duró apenas 52 días, entre el 24 de agosto y el 15 de octubre de 1931. Quiso obtener de la Asamblea unas facultades extraordinarias, pero no le fueron concedidas. Quiso disolver la Asamblea, pero no le fue permitido por el ejército. Finalmente renunció, no sin antes aplicar el ‘dedazo’: lo nombró a Alfredo Baquerizo Moreno (1859-1951) como Ministro de lo Interior.

El guayaquileño Alfredo Baquerizo Moreno había sido Presidente entre 1916 y 1920 y era el Presidente de la Cámara del Senado en los tiempos del efímero gobierno de Larrea Alba. Nombrado Ministro de lo Interior por él, Baquerizo Moreno volvió a ocupar la máxima autoridad de la república, esta vez de manera interina, como Encargado del Poder. Dicho cargo lo ejerció por 318 días, entre el 15 de octubre de 1931 y el 28 de agosto de 1932.

En el gobierno de Baquerizo Moreno se organizaron las elecciones a la Presidencia en las que triunfó el candidato conservador Neptalí Bonifaz. Cuando el Congreso lo descalificó a Bonifaz por ser peruano y la violencia iba a arreciar en las calles de la capital, Baquerizo Moreno buscó refugio en la legación argentina. Una vez más, el Encargado del Poder renunció a su cargo, aplicando el ‘dedazo’: antes de renunciar lo designó Ministro de lo Interior al quiteño Carlos Freile Larrea (1876-1942), quien era el Presidente de la Unión Patriótica Nacional. Él pasó a ser el nuevo Encargado del Poder.

La historia de Carlos Freile Larrea como máxima autoridad del Poder Ejecutivo es brevísima y trágica. Duró cuatro días y fueron los mismos cuatro días de la llamada ‘Guerra de los cuatro días’. Freile Larrea fue hijo de otro Presidente interino (por dos ocasiones), Carlos Freile Zaldumbide (1856-1928), a quien se lo podrá recordar de la ocasión en que le cortaron los huevos al general Eloy Alfaro [v. ‘Quito gore’]. Esos cuatro días con el segundo Freile corrió en Quito sangre a raudales, calculándose los muertos en miles. Las fuerzas de Bonifaz tomaron la capital, pero fueron vencidas por las tropas venidas de otras partes de la república, comandadas por el Ministro de Defensa, Leonardo Sotomayor y Luna. Freile Larrea entregó el poder el 1 de septiembre de 1932.

Pero antes de entregar el poder, ocurrió el ‘dedazo’. A Freile Larrea lo sucedió su Ministro de lo Interior, el quiteño Alberto Guerrero Martínez (1884-1941). A él le cupo organizar las elecciones que se realizaron el 30 y 31 de octubre, en las que triunfó el candidato oficial, el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera (1875-1955) (3). Guerrero Martínez gobernó desde el 2 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 1932, por 95 días. Ese 5 de diciembre de 1932 le entregó el poder a Martínez Mera.

Hasta la ascensión de Martínez Mera, el ‘dedazo’ había operado en la designación de cuatro Encargados del Poder Ejecutivo (Larrea, Baquerizo, Freile, Guerrero), que mediaron entre las dos personas que ostentaron el ‘título de Presidente de la República’: Ayora, nombrado por una Asamblea Constituyente, y Martínez Mera, elegido por el voto popular. A este último, el Poder Legislativo, en un hecho inédito hasta ese entonces, lo destituyó de su cargo el 17 de octubre de 1933, con una intervención enjundiosa del entonces novel político José María Velasco Ibarra. El régimen seudo-parlamentario iba a tope.

Martínez Mera, en previsión a su destitución, continuó con la tradición del ‘dedazo’ al nombrar  como Ministro del Interior al guayaquileño Abelardo Montalvo (1876-1950). Él asumió como Encargado del Poder Ejecutivo el 19 de octubre de 1933 y ocupó el cargo hasta el 31 de agosto de 1934, período en el que organizó las elecciones para elegir al Presidente Constitucional de la República, celebradas el 14 y 15 de diciembre de 1933. En estas elecciones se escogió, la primera de cuatro ocasiones, al enjundioso Velasco Ibarra (1893-1979). El 1 de septiembre de 1934, él asumió la Presidencia. En menos de un año, el 20 de agosto de 1935, se había precipitado sobre las bayonetas. Velasco Ibarra se pretendió declarar dictador, pero el Ejército le negó su chance dictatorial.

Tras esta primera caída de Velasco Ibarra (Presidente por cinco ocasiones, pero que sólo una vez completó su período), concluyó el período del ‘dedazo’ civil. Desde entonces, surgió un período de claro dominio militar, con algunas derivas filo-fascistas. El ‘dedazo’ continuó, pero la discrecionalidad pasó del campo civil al militar.

La siguiente tabla describe la situación de precariedad institucional del Poder Ejecutivo durante el período del ‘dedazo’ civil auspiciado por la Constitución de 1929.

Tabla. Máximas autoridades del Poder Ejecutivo entre 1929 y 1935

Presidente Cargo Designado por Duración
Isidro Ayora Cueva [1929-1931] Presidente Constitucional Asamblea Constituyente 859 días
Luis Larrea Alba [1931] Encargado del Poder Ejecutivo Dedazo del antecesor 52 días
Alfredo Baquerizo Moreno [1931-1932] Encargado del Poder Ejecutivo Dedazo del antecesor 318 días
Carlos Freile Larrea [1932] Encargado del Poder Ejecutivo Dedazo del antecesor bloody days
Alberto Guerrero Martínez [1932] Encargado del Poder Ejecutivo Dedazo del antecesor 95 días
Juan de Dios Martínez Mera [1932-1933] Presidente Constitucional Voto popular 316 días
Abelardo Montalvo [1933-1934] Encargado del Poder Ejecutivo Dedazo del antecesor 316 días
Velasco Ibarra [1934-1935] Presidente Constitucional Voto popular 353 días

 [continuará…]

(1) Y añade el historiador Pareja Diezcanseco: ‘Según la Constitución de 1929, aunque no consagraba el régimen parlamentario, el poder legislativo prácticamente era omnímodo: cualquier legislador podía individualmente interpelar a los ministros de Estado –nombrados por el presidente de la República- y pedir su censura y el voto de desconfianza, que podía ser extendido, en la misma sesión, a todo el gabinete. Esto equivalía a obligar al presidente a la designación de ministros que merecieran la simpatía de la legislatura. Un país como el nuestro, con otros problemas, con otra tradición en su estructura administrativa, no podía ser gobernado con la Constitución de 1929’ (‘Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas’, en: ‘Historia del Ecuador’, Vol. VII, Salvat Editores, S.A., Barcelona, 1980, pp. 39-94).

(2) Nótese que si la Constitución actual tuviera esta cláusula, el Presidente ‘Mojón’ Moreno habría designado Encargada del Poder a la tenebrosa Romo.

(3) La elección de Martínez Mera estuvo manchada por el habitual fraude gubernamental. Como lo describe Robert Norris, en su biografía de Velasco Ibarra: ‘El número de votantes sobrepasó en unos 20.000 al de las elecciones anteriores y un hombre impopular entre las masas había ganado con una mayoría enorme. No quedaba duda de que había fraude.’ (Norris, Robert, ‘El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra’, Tomo I, Ediciones Libri Mundi, 2004, Quito, p. 147). La mayoría enorme era de 40.000 votos: 56.872 para Martínez Mera versus 16.211 a favor del candidato conservador.