Opinión

18.285 jubilados perjudicados por el IESS

Lcdo. Henry Llanes Suarez/Quito

 

Quito, D.M, viernes 7 de enero de 2022

OFICIO No. 001-HLLS-2022

Doctor

Hernán Salgado Pesantes

Presidente de la Corte Constitucional

Presente.

Doctora

Teresa Nuques Martínez

Jueza ponente de la Corte Constitucional

Presente.

De mi consideración.

ASUNTO: 18.285 jubilados perjudicados en el monto de la pensión jubilar

Como es de vuestro conocimiento el 4 de agosto de 2017 el Consejo Directivo del IESS puso en vigencia la Resolución C.D 554, en la cual se incluyó un texto normativo (segundo párrafo de la disposición vigésima séptima) que distorsionó totalmente lo que dispone el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, referente al “método de cálculo de la pensión jubilar”.

Con la aplicación de la mencionada resolución se perjudicó económicamente a 18.285 personas que se jubilaron en el período: 4 de agosto de 2017 al 3 de mayo de 2021, disminuyéndose el monto de la pensión jubilar, como el caso que menciono a continuación:

Una persona que se jubiló en agosto de 2017 (Alicia MPF), con cerca de 37 años de aportes, tenía previsto recibir una pensión jubilar mensual de USD 335, pero con la modificación del cálculo de la pensión jubilar pasó a recibir USD 285. Desde entonces hasta la actualidad, a esta persona se la viene perjudicando con USD 50 mensuales, es decir el 15% menos de lo que tenía previsto recibir.

La disminución de la pensión jubilar a través de la aplicación de una norma inferior (Resolución C.D 554), distorsionando lo que dispone el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social (norma superior), es una acción regresiva que disminuyó y menoscabó el monto de la pensión jubilar de 18.285 personas que se jubilaron en el período antes indicado, pese a que cumplieron a cabalidad con las obligaciones y requisitos que establece la ley de la materia, es decir, cumpliendo las mismas condiciones legales de aquellas personas que se jubilaron antes y después del período que se menciona.

Por los hechos mencionados, se trata entonces, de una clara violación de derechos, respecto de los cuales la Constitución de la República estipula lo siguiente:

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades;

8) El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

9) El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

4) Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.

Además, con lo dispuesto en la Resolución 554 se violó los principios de la jerarquía jurídica que estipula la Constitución de la República en sus artículos 424 y 425, los mismos que disponen lo siguiente:

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…).

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.

En los fundamentos de la sentencia, la Corte Constitucional deja constancia de la violación de derechos de las personas que se jubilaron con la Resolución C.D 554 del 4 de agosto de 2017, sus criterios constan en los siguientes numerales:

“45. De lo transcrito se advierte que la reforma a la metodología del cálculo, tuvo sustento en una falacia de “generalización apresurada” (…).

46. (…) sin que existan motivos ciertos y comprobables de que en efecto todas las personas iban a incurrir en esta práctica (…) el mismo Director Actuarial de la Institución, alertó en su informe posibles afectaciones a derechos con la modificación del método de cálculo.

47. (…) por tratar de controlar los aportes irregulares de otros afiliados, como si dicho grupo fuere sancionado por una conducta ajena a ellos.

48. (…) En definitiva, la propia entidad accionada refiere en sus alegaciones, que se está claramente disminuyendo la pensión jubilar a recibir de un grupo de jubilados con el objeto de hacerle frente a aportes irregulares de otros afiliados, de tal suerte que se ha disminuido en porcentajes que van desde el 0.01% hasta porcentajes de más del 20% aproximadamente, como lo ha admitido la misma entidad accionada.

50. (…) mientras que en el presente caso estamos frente a una acción pública de inconstitucionalidad (…).

51. (…) el beneficio alcanzado por la medida es superior al costo que implica la regresión.

53. (…) la Corte encuentra que la medida bajo análisis constituye una regresión injustificada,

56. (…) que la disminución de pensiones en ciertos jubilados pudiera ser superior a los USD 200,00 por lo que es necesario que la parte técnica esté alineada con los aspectos legales para no vulnerar los derechos de los afiliados.

58. (…) no es admisible que el IESS haya adoptado la medida de disminuir las pensiones de un grupo de jubilados para hacerle frente a portes irregulares de otros afiliados, más aún cuando contaban con otras medidas menos gravosas.

59. (…) la Corte comprueba que además se ha transgredido la intangibilidad de las prestaciones de seguridad social prevista en el artículo 371 de la Constitución.

60. (…) es evidente que la norma transgrede derechos y principios constitucionales (…) pues se modificó la base de cálculo teniendo como resultado la disminución del beneficio de pensiones jubilares a recibir para un grupo de jubilados (…) para retrotraer los efectos de la sentencia. En tal virtud, el IESS debe adecuar sus actos y normas a la Constitución a partir de la presente declaratoria de inconstitucional”.

DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Respecto de la Resolución C.D. 554, el órgano constitucional declaró “(…) la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 2 sustituido por la resolución 554 CD del 4 de agosto de 2017 expedida por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, pero no dispuso a la entidad accionada la reparación del perjuicio económico causado a 18.285 personas que se jubilaron con la Resolución C.D 554 del 4 de agosto de 2017, violando lo que dispone el artículo 229 de la ley de Seguridad Social.

La parte resolutiva de la sentencia no refleja lo que menciona la Corte en los numerales antes descritos, en donde queda claro que hubo violación de derechos constitucionales, pero también de carácter legal (artículo 229 de la Ley de Seguridad Social), cuyas acciones se traducen en perjuicios económicos a 18.285 personas, respecto al monto de la pensión jubilar mensual. Con dichas acciones queda demostrado, que se produjo regresividad de derechos y afectación a la igualdad formal y material de las personas.

Con la Resolución C.D. 554 el Consejo Directivo del IESS institucionalizó la discriminación económica en la pensión jubilar mensual, menoscabando el monto que les correspondía recibir a 18.285 personas que se jubilaron en el período antes mencionado, quienes debían recibir su pensión jubilar de acuerdo a lo que dispone el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, y que a propósito, la Corte no lo menciona en la fundamentación jurídica para dictar sentencia, ni tampoco a lo que establecen los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República, respecto a la jerarquía de las normas que está determinado en el ordenamiento jurídico del país, y que por lo tanto, una norma inferior, como es el caso de la Resolución C.D 554 no podía ir por encima de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, ni tampoco ignorar lo que dispone la norma suprema en los artículos antes referidos.

Por lo tanto, la norma fundamental que define el procedimiento de cálculo de la pensión jubilar consta en el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, y que lamentablemente la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la sentencia no le conmina a la entidad accionada para que observe esta disposición legal en el método de cálculo de la pensión jubilar.

En CONCLUSIÓN, el origen de un problema irresuelto y que causa tensión social por ser discriminatorio, tiene su raíz en la promulgación de una resolución ilegal que distorsionó el sentido normativo de una ley, en este caso, de lo que dispone el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, la cual se aplica sin reglamento desde el 30 de noviembre de 2001, a pesar de que, en una buena parte de su articulado se dispone, que la ejecución de la norma se realizará a través de reglamento, por eso, ante la falta de reglamento se ponen en vigencia resoluciones que, como el caso que nos ocupa, violan disposiciones de norma superior, ya sea de carácter legal o constitucional.

El problema irresuelto que causa tensión social no ha sido resuelto por la Corte Constitucional, ni tampoco por el Consejo Directivo del IESS, se mantiene latente, no se ha realizado la reparación económica de 18.285 personas que se jubilaron con la aplicación de una resolución ilegal e inconstitucional.

No es correcto que una resolución ilegal haya tenido legitimidad en la institucionalidad del sector público, con la cual, como efecto de su aplicación, existen en el país, jubilados de primera y jubilados de segunda, a pesar de que las personas afectadas por la vigencia de la Resolución 554, cumplimos con los mismos requisitos y obligaciones que establece la Ley de Seguridad Social, así como de aquellas personas que se jubilaron antes y después del período: 4 de agosto de 2017 y 3 de mayo de 2021.

Para vuestro conocimiento remito copia de La Resolución No C.D. 641 de 29 de octubre de 2021 de autoría del Consejo directivo del IESS, la misma que, de acuerdo a lo que se expone en los considerandos y parte resolutiva, tiene relación con la sentencia No 16-18-IN/21 de 28 de abril de 2021 de autoría de la Corte Constitucional.

PETICIÓN

En el ámbito de lo que dispone la Constitución de la República en el artículo 11, numerales: 1, 2, 4, 6, 8 y 9; artículo 61, numeral 2; artículo 66, numerales 4 y 23; y, artículo 95, solicito señor Presidente y por su intermedio al Pleno de la Corte Constitucional, al amparo de las atribuciones que están establecidas en la carta magna, en la Ley en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, del Código Orgánico Administrativo y disposiciones reglamentarias se atienda lo siguiente:

1.- Se aclare la parte resolutiva de la SENTENCIA No 16-18-IN/21 a fin de que se repare el perjuicio económico causado a las personas que las jubiló el IESS aplicando la Resolución C.D. 554 de 4 agosto de 2017.

2.- En el mismo sentido, que se aclare en la sentencia de marras, el recálculo de la pensión jubilar de las personas que las jubiló el IESS aplicando la Resolución C.D. 554 de 4 agosto de 2017. Este recálculo debe realizarse aplicando el procedimiento que determina el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social.

Conforme lo determina el artículo 372 de la Constitución de la República, los recursos del seguro social obligatorio no son del fisco, es decir no pertenecen a las finanzas públicas; estos recursos provienen de los aportes afiliados, como bien lo describe el artículo 371 de la carta magna.

Esta precisión la realizo a fin de que quede claro el carácter de dichos fondos. Los gobiernos de turno han hecho uso de los recursos del seguro social obligatorio, el cual se financia con los aportes de los afiliados, obligándolo al IESS a que realice sus inversiones en bonos del Estado.

Un segundo hecho que menciono, son las deudas del Estado, acumuladas en materia de salud desde el año 2006 y por el 40% para pagar las pensiones jubilares desde el año 2012. Para mayor conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional adjunto un cuadro que se titula: “ANEXO 1 DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL AL IESS al 30 de septiembre de 2021”.

Agradeciéndole señor Presidente que se atienda mi pedido conforme lo dispone el artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República.

Por la atención a lo solicitado le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,

 

 

 

Lcdo. Henry Llanes Suárez

VICEPRESIDENTE

ASO-AJP-IESS PICHINCHA

 

C.C. Señores Jueces Constitucionales