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Tecnología
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31 agosto, 2018

Tecnología con toga

“La justicia tiene un retraso tecnológico si la comparamos con otros campos”, señala Nicolas Vermeys a El País en el laboratorio de ciberjusticia de la Universidad de Montreal que codirige. Vermeys invita a imaginar la reacción de un cirujano del siglo XIX si pudiera visitar un quirófano del siglo XXI. “Estaría muy sorprendido, cosa que no ocurriría tanto con un abogado en un tribunal actual”, afirma el profesor de derecho que funge también como director adjunto de este centro único en el mundo. En este laboratorio nacido en 2010, un equipo de expertos jurídicos e ingenieros informáticos realiza distintas pruebas para que la tecnología pueda facilitar el acceso a la justicia con menores costos y mayor rapidez.

El laboratorio cuenta con una sala dotada de la más alta tecnología para simular juicios. Hay cámaras para grabar a cada uno de los participantes en el proceso, un sonido impecable, monitores que proyectan declaraciones por videoconferencia o pruebas físicas con detalle. Además, sorprende la ausencia de papel. “Estamos acostumbrados a ver pilas de documentos. Ahora es posible que jueces, peritos, secretarios y abogados puedan consultarlos conjuntamente en pantallas. Hacemos pruebas en esta sala para que la información circule de forma eficiente y la comunicación mejore, tomando en cuenta los elementos característicos del ritual judicial”, cuenta Vermeys. Al fondo de la sala hay un cristal que permite a los expertos tomar nota de cómo se llevan a cabo estos simulacros. Cabe destacar que también cuentan con una sala móvil –con varios de estos aditamentos tecnológicos- desarrollada en colaboración con la Universidad McGill, a modo de estudiar las formas de llevar la ciberjusticia a lugares alejados.

El laboratorio comenzará el próximo año a realizar pruebas con instrumentos de realidad virtual, aunque Vermeys precisa que es necesario ir paso a paso. “Hay que tener cuidado con la neutralidad de la tecnología. Debemos saber qué ayuda y qué puede tener un impacto negativo”. Vermeys da un ejemplo que invita a la reflexión: un estudio de David Tait, profesor de la Western Sydney University, arrojó que cuando los miembros de un jurado reciben tabletas móviles, los veredictos de culpabilidad aumentan de forma considerable, ya que las personas prestan más atención a la evidencia que consultan en forma digital que a las interpretaciones de expertos y a los intercambios orales.

Este centro cuenta de igual manera con una sección destinada al desarrollo de programas informáticos. Un proyecto de interés es ISA, que facilita a los actores de un juicio tener acceso digital a distintos documentos. Otro más es PARLe, instrumento que permite resolver conflictos desde Internet. Una versión de este programa ya la utiliza la Oficina de condominios de Ontario. Otra más opera en los servidores de la Oficina de protección del consumidor de Quebec, donde 70% de los asuntos han encontrado solución. “Esto permite que muchos casos no lleguen a los tribunales”, subraya Vermeys. El laboratorio ofrece también capacitación a funcionarios de manera presencial o a través de la red. Pese a que los programas son de código abierto, es fácil suponer que incorporar tecnologías a la justicia representa un gasto de importancia. Karim Benyekhlef, director del laboratorio, responde: “Es cierto que cuesta dinero al principio, pero a mediano y largo plazo la situación cambia. Necesitamos pensar en el costo social de un acceso limitado a la justicia, tal y como lo demostró Trevor Farrow de la Universidad de Toronto: hay costos sobre la salud física y mental y esto también impacta en otras esferas de la sociedad”.

Una imagen que aparece con frecuencia al vincular justicia con tecnología es la de un robot que cumple con las responsabilidades de un juez. Karim Benyekhlef señala que hay que evitar estas confusiones, ya que aún estamos muy lejos de encontrar sustitutos para jueces en numerosos asuntos. De hecho, el laboratorio encabezará un proyecto sobre los posibles usos de la inteligencia artificial en la esfera judicial que contará con la participación de 45 investigadores internacionales y 42 instituciones afiliadas. La iniciativa, de 6 años de duración, tiene un financiamiento de 2.5 millones de dólares canadienses (1.7 millones de euros) provenientes del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá y de 4.3 millones (2.9 millones de euros) otorgados por otros socios.

Benyekhlef afirma que, gracias al manejo de macrodatos, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para resolver conflictos de “baja intensidad”. Esta será una parte fundamental del proyecto. “Pensemos por ejemplo en consumidores insatisfechos. Las personas podrían conocer sus probabilidades de éxito o fracaso antes de presentar una demanda, saber qué sentencias favorables hay en el tema. Otra idea es trabajar con chatbots (programas que simulan mantener una conversación) para apoyar a los ciudadanos en consultas jurídicas al procesar grandes cantidades de información”.

Miembros de Propublica e investigadores de la Universidad de Darmouth han estudiado el programa COMPAS, cuyo algoritmo analiza la posibilidad de reincidencia en convictos reales. Se ha subrayado tanto sus sesgos discriminatorios como su efectividad no mayor a la de los humanos. Karim Benyekhlef llama a la prudencia. Señala que justamente uno de los objetivos a corto plazo de la iniciativa que encabeza su laboratorio es realizar un inventario de los programas disponibles que recurran a la inteligencia artificial para temas judiciales, a modo de conocer cómo funcionan en realidad. En esta dimensión ética, Benyekhlef agrega: “Vamos a proponer la creación de un organismo, parecido a la FDA (la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno estadounidense), para certificar los programas de este tipo antes de que lleguen al mercado. Es muy importante que respeten los principios fundamentales de justicia”.

EL PAÍS