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El ministro de Educación, Fánder Falconí

El ministro de Educación, Fánder Falconí

13 enero, 2018

Serán revisados 256 sumarios administrativos de casos de abuso sexual contra menores en Ecuador

“Es necesario reaperturar estos sumarios, proceder a una investigación mucho más exhaustiva y si así se lo determina, una eventual sanción en los aspectos tanto administrativos como penales”: Fánder Falconí, ministro de Educación.

Quito.  El ministro de Educación, Fánder Falconí, informó que serán revisados 256 sumarios administrativos de casos de docentes involucrados en abuso sexual contra menores en el sistema educativo del país.

Hasta ahora 107 docentes implicados en ese delito continúan ligados al sector a través de contratos de servicios ocasionales, pero se informó que desde diciembre están siendo separados del sistema educativo los que tienen casos aperturados.

El ministro Falconí señaló que este día se realizó una nueva entrega formal a la Fiscalía, la cuarta hasta ahora, de 75 nuevos casos sumarios por hechos que habían ocurrido entre 2014 y 2017.

“Es necesario reaperturar estos sumarios, proceder a una investigación mucho más exhaustiva y, si así se lo determina, a una eventual sanción en los aspectos tanto administrativos como penales”, acotó.

Señaló que el Mineduc ha venido realizando acciones para la restitución de derechos, la transparencia de información, con políticas preventivas y fundamentalmente con una gestión fuerte para lograr una mejor vigilancia, veeduría, control, auditoría y acción respecto a la violencia sexual en el sistema educativo.

“Nos ha tocado afrontar una situación tremendamente compleja desde que el año pasado hubo un destape, y en muy buena hora que haya habido un destape, sobre todas estas problemáticas que involucran al sistema educativo, pero que indudablemente lo rebasan en la medida en que se convierte en un proceso social”, aseveró.

Mencionó que el Mineduc pidió el año pasado un aumento del presupuesto, que concretó con un 16% en comparación con el año precedente, el cual será destinado prácticamente en su totalidad a la protección de derechos, en particular para llenar los vacíos en los Departamentos de Consejería Estudiantil, avanzar a la estabilidad de los puestos directivos a través de concursos meritocráticos, dar acompañamiento familiar para la prevención, y para trabajar con la cooperación internacional para generar los protocolos de prevención.

Por su parte, Marcelo Jaramillo, coordinador general de Asesoría Jurídica del Mineduc, afirmó que a partir del acuerdo ministerial que dispone la reapertura de los procesos, se activa el recurso de extraordinario de revisión en el ámbito administrativo para evaluar la actuación de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.

“Nosotros vamos a hacer un segundo examen para evidenciar cómo efectivamente adoptaron las decisiones de suspensión respecto de los errores de hecho o de derecho que eventualmente habrían cumplido las Juntas Distritales”, aseveró.

Dijo que también van a revisar todos aquellos sumarios que fueron archivados, donde al parecer exoneraron de responsabilidad a los presuntos infractores del cometimiento de estos hechos. Esta revisión, según dijo, deberá concluir en los próximos 60 días aproximadamente.

“Inmediatamente que se avoca, se dicta una disposición al amparo de la ley de que quedan suspendidos (los docentes) de sus actividades y se inicia el proceso”, acotó.

Falconí señaló que aproximadamente 70.000 maestros y maestras de los 144 mil de la oferta pública ya dieron un examen de pruebas psicométricas, y el resto debe completarla en el primer trimestre de 2018. Este requisito también aplica para la oferta privada y fiscomisional.

Por otra parte, dijo que se detectó que aproximadamente el 50% de la oferta educativa pública, de 5.900 plazas en aproximadamente 12.266 unidades educativas, no cuenta con directivos con el perfil meritocrático para ejercer en cargo, como son los años de experiencia y los títulos habilitantes, para lo cual se realizarán los concursos y se espera que en el primer semestre de este año se resuelva esta situación.

La sanción contra los infractores se establecerá en dos niveles, en el ámbito administrativo que es la suspensión total del ámbito educativo, y en el ámbito penal.

Según las cifras oficiales, en el Ministerio de Educación se registraron 918 denuncias de abuso sexual desde 2013, de las cuales el 35% ocurrieron fuera del sistema educativo, y el 65% restante al interior de este. La función judicial, por su parte, reportó unas 4.000 denuncias en los dos últimos años, fundamentalmente, en etapa de indagación.

Este día el Ministro de Educación firmó junto a la titular de Justicia, Rosana Alvarado, un convenio de cooperación para garantizar la restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia sexual. (ANDES/LA NACIÓN)