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Internacional
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6 septiembre, 2018

Parlamento español avala recuperación de la sanidad universal

El Parlamento español convalidó hoy el decreto del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que restituye el acceso a los inmigrantes irregulares a la salud gratuita y universal, suprimido por la anterior administración conservadora de Mariano Rajoy.

Todas las formaciones representadas en el Congreso de los Diputados, salvo el derechista Partido Popular (PP), que votó en contra, y el liberal Ciudadanos, que se abstuvo, respaldaron la iniciativa aprobada el 27 de julio por el ejecutivo de Sánchez.

Al defender la propuesta en el pleno de la Cámara baja, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, afirmó que la misma dignifica la acción política, elimina las desigualdades y garantiza el derecho a la salud, la solidaridad y la cohesión social.

'Lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia -mediante un decreto ley- es la mejora de la salud universal de las personas que quedaron excluidas y la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad', enfatizó.

En opinión de la funcionaria, supone un auténtico cambio de modelo en la atención sanitaria en España, porque la titularidad del derecho a la asistencia se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario.

'Para el anterior Gobierno (el de Rajoy) era urgente recortar derechos, para éste lo urgente es recuperarlos', subrayó.

Además, recordó que la administración precedente justificó la derogación de la universalización de la sanidad por motivos presupuestarios, pero nunca lo demostró.

Montón citó informes de organismos como Naciones Unidas, según los cuales el modelo de exclusión sanitaria es injusto y más caro.

Pocas semanas después de asumir el poder, el socialdemócrata Sánchez invalidó el decreto aprobado en 2012 por el PP, que entonces supuso la expulsión del sistema público de salud de unos 800 mil extranjeros en situación irregular.

La nueva legislación establece que los migrantes tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, es decir, sin necesidad de empadronamiento.

Como parte de un plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, los conservadores acordaron hace seis años una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).

Esos recortes repercutieron sobre las finanzas de las 17 regiones de esta nación ibérica, que tienen transferidas las competencias en prestaciones esenciales tan sensibles como la sanidad y la educación.

Además de restringir el acceso de los migrantes 'sin papeles' a la salud gratuita y universal, la entonces derecha en el poder introdujo en la impugnada reforma nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaron a los pensionistas.

Desde su aplicación, esas medidas generaron multitudinarias protestas ciudadanas.

mgt/edu

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