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11 septiembre, 2018

Lenín Moreno “se reunió con grupo de lobby patrocinado por Chevron, desde noviembre de 2016”, denuncia Andrés Aráuz

Sobre sentencia de La Haya, lamentó que Ley de Fomento Productivo elimine controles para que laudos emitidos en extranjero, tengan que pasar por filtros antes de que puedan ser aplicables en derecho ecuatoriano

El Tribunal Arbitral Internacional (TAI), con sede en La Haya, falló en contra de Ecuador en el caso Chevron. La resolución estipula que el país violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Ecuador y Estados Unidos. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el exministro coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, lamentó la decisión, la cual dijo, "se veía venir" por cómo están armados los TAI y TBI. Desde varios sectores se ha hablado de un supuesto "pacto" del régimen actual con la compañía, a lo que el exfuncionario denunció, entre otras cosas, que el Presidente Lenín Moreno se ha venido reuniendo, a puerta cerrada, con ASCOA (Americas Society and Council of the Americas) o Consejo de las Américas, un grupo de lobby, constituido en la ciudad de Washington; desde noviembre del 2016.

“Están diseñados, justamente para favorecer a las empresas trasnacionales por sobre sus Estados y su soberanía. En este caso teníamos una composición de árbitros que iban a favorecer a los intereses de la empresa”, comentó. Pese a que aún no está definido el monto de pago, el Exministro indicó que ya existe una preocupación acerca de que esto tenga un resultado negativo para el Estado y los pueblos afectados.

Este Tribunal Arbitral, dijo, en uno de los muy pocos casos a nivel mundial, termina excediéndose en sus competencias decidiendo intervenir en la Función Judicial del Estado ecuatoriano cuando, en general, lo que resuelven son montos de compensación o indemnización.

De acuerdo al abogado de los afectados por Chevron, Pablo Fajardo, esta es una sentencia inconstitucional e inaplicable; criterio con el que concordó Aráuz. Sin embargo, recordó que, en la Ley de Fomento Productivo, en el segundo alcance al veto parcial que envió Moreno a la Comisión de Desarrollo Económico; se incluye una disposición derogatoria que hubiera sido un mecanismo de defensa para las comunidades amazónicas y para el pueblo ecuatoriano.

“Se eliminan las reformas que se hicieron al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en el 2015, en donde se establecían ciertos controles para que los laudos emitidos en sede extranjera, tengan que pasar por algunos filtros antes de que puedan ser aplicables en el derecho ecuatoriano”, detalló.

A su criterio, la disposición transitoria, incluida en el último momento, violó, no solo procedimientos y formas, sino la soberanía del Estado ecuatoriano. “Lo triste es que conocemos que ese pedido de cambios de última hora en la Trole 3 (Ley de Fomento Productivo) fue pedido, justamente, por Chevron a Pablo Campana (ministro de Comercio Exterior) y Todd Chapman (embajador de EE.UU. en Ecuador), cuando ellos se encontraban en Nueva York a fines del mes de julio de este año”.

“El propio Pablo Campana, quizá sin darse cuenta, dio declaraciones a un medio de comunicación en la India (Los Tiempos Económicos de la India) al que le dijo que él estaba negociando y dialogando con Chevron para resolver el problema, en los mejores intereses para Ecuador, Chevron y Estados Unidos. Discúlpenme, pero el Ministro de Comercio Exterior no tiene la competencia de negociar: ni laudos arbitrales, ni asuntos relativos a la justicia ecuatoriana”, señaló.

Para el exfuncionario, con esto se ve una clara indicación: “a confesión de parte, relevo de prueba”, de que existió dicho “diálogo” entre el Ministro de Comercio Exterior de Ecuador y la compañía Chevron sobre este tema. Pero además, Aráuz alertó de reuniones que se han venido dando con representantes de la empresa, desde noviembre del 2016 con Lenín Moreno, a puerta cerrada con ASCOA (Americas Society and Council of the Americas) o Consejo de las Américas, un grupo de lobby, constituido en la ciudad de Washington.

“ASCOA es un grupo que está constituido por varias empresas norteamericanas y de otros países, que tienen fuertes inversiones en América Latina, pero lo que no se dice es que ASCOA es patrocinada, directamente, por Chevron y así lo dice en su página web. Es decir, es un grupo de lobby, que representa a varias empresas, pero financiado, patrocinado por Chevron”, manifestó.

En este marco, recordó que no solo se mantuvo un encuentro de este tipo en 2016, sino también en noviembre de 2017. Pero también, según denuncias de las comunidades afectadas, la misma reunión que se llevó a cabo con Paul Manafort –ahora encarcelado y exjefe de campaña del presidente Donald Trump-, se reunió con Moreno para abordar el caso Chevron. “Esto no lo digo yo, sino que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos en enero de este año”.

En cuanto a lo mencionado por el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, sobre el derecho de repetición en contra del gobierno anterior, por los recursos destinados a la campaña mediática “La Mano Sucia de Chevron”; Andrés Aráuz recalcó que muchas de estas acciones, de solidaridad y concientización son muy importantes y sí dieron resultados en el pasado.

Por ejemplo, enumeró: Caso Bechtel contra Bolivia, en donde dicha empresa había, prácticamente, privatizado el agua potable. Tuvo que retirar la demanda por la gran presión internacional. Caso Pacific Rim contra El Salvador, en donde tuvieron que dictar laudo a favor de ese país. Caso Philip Morris, empresa tabacalera, contra Uruguay.

“Las campañas mediáticas tienen todo el sentido del mundo y, obviamente, ni siquiera se comparan con la dimensión de influencia mediática y política, que tiene una empresa como Chevron. El propio Senado de Estados Unidos, en este 2018, Chevron gastó USD $2.5 millones en lobbying, que afectó al Ecuador en el Congreso Norteamericano, no se diga en todos los años de lo que ha venido haciendo. El total del lobby hecho por la empresa, solo en último año ha manejado USD $18.4 millones de dólares, en cabildeo y aportes a políticos estadounidenses que representan más de 250 congresistas y 13 instituciones del gobierno norteamericano”, relató.

Acerca de la denuncia hecha por el activista Fernando Villavicencio sobre la supuesta relación familiar de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, con uno de los abogados del estudio jurídico que defendió a Chevron; Aráuz comentó no conocer fidedignamente la situación; pero indicó que, si es que se procede con alguna repetición en el caso, debería realizarse contra los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad.

“Allí, básicamente, exoneraron a Texaco del cumplimiento de la reparación y remediación ambiental. Es ahí en donde, si es que existe repetición, debería exigirse contra esos actores. Que son quienes firmaron la famosa acta transaccional, en la década de los 90”, expuso.

En cuanto a la sentencia, Aráuz señaló que “no todo está perdido”, si es que el Ecuador tuviera una Procuraduría y un gobierno dispuestos a continuar defendiendo los intereses del Estado y las comunidades amazónicas. “Todavía se puede solicitar la nulidad del laudo arbitral en las cortes holandesas. Hay un tiempo rápido en el cual se debe actuar para solicitar la nulidad”.

“Resulta que ya hubo un caso emblemático en donde las cortes holandesas ya dieron la razón al Estado. En el caso Yukos contra Rusia en donde, justamente, por acudir a un TBI que no estaba vigente, que era el tratado de energía, no podía tomarse esa decisión de laudo arbitral. En nuestro caso pasa lo mismo: Es un tratado que se aplicó de manera retroactiva, ha sido denunciado, el Tribunal excedió sus competencias al interferir en la Función Judicial. Existe suficiente argumentación para que las cortes holandesas anulen el laudo emitido por La Haya”, culminó.

Fuente: Ecuadorinmediato.com