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Salud
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17 mayo, 2018

En la frontera de la muerte digna

El debate del martes pasado en el Congreso acerca de la propuesta del Parlamento catalán para despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia dejó dos frentes establecidos: el PP, UPN y Ciudadanos se opusieron y defendieron que la solución para las personas que piden estas medidas está en potenciar los cuidados paliativos. El resto de partidos defendió que los enfermos incurables y las personas con una discapacidad grave e irreversible que, además, tuvieran un sufrimiento físico o psíquico al que no se fuera capaz de dar respuesta, pudieran decidir el momento y forma de su muerte.

En este momento en España está en vigor una ley de autonomía del paciente de 2002, y el Congreso ha admitido a trámite una ley de cuidados paliativos de Ciudadanos, la propuesta del Parlament y el PSOE ha presentado un proyecto de ley de eutanasia. A continuación se explica qué pasó y qué hubiera ocurrido con algunas personas que hicieron público su deseo de morir en función de las normativa vigente y las propuestas a debate.

Ramón Sampedro. Este hombre quedó inmovilizado desde el cuello por un accidente al tirarse de cabeza al mar en 1968. En los setenta pidió que le ayudaran a quitarse la vida legalmente, pero la ayuda al suicidio era y es ilegal. Al final se suicidó en 1998 ingiriendo un veneno que consiguió y preparó con ayuda de las personas de su entorno. Grabó su muerte como denuncia y para que no se acusara a nadie de haberle inducido o ayudado en el proceso. Se trató de un suicidio no asistido médicamente (y por eso la sustancia que usó le provocó una agonía dolorosa, como acreditó la grabación).

Con la norma propuesta por Ciudadanos, Sampedro habría recibido más apoyo sociosanitario si lo hubiera requerido, pero no le habrían ayudado a morir ya que la sedación paliativa se aplicaría a "personas que se encuentren en el proceso final de su vida" y el hombre estaba gravemente incapacitado, pero no en riesgo de morir (llevaba 30 años viviendo encamado). De acuerdo con el proyecto del PSOE, Sampedro habría podido alegar que sufría una "discapacidad grave crónica" que no se va a revertir y le causa un "sufrimiento psíquico constante" sin posibilidad de un alivio que "el paciente considere tolerable". Por ello podría recibir ayuda para morir de un médico, bien en forma de asesoría y suministro de las sustancias adecuadas para que él se las aplicara, bien aplicándoselas directamente. En estos casos, la propuesta del Parlament permitiría que a esa persona no se la persiguiera judicialmente.

Pedro Martínez, Juan Luis Sagués. Fueron una referencia para Arrabal. Martínez era un joven sevillano que tenía ELA. Sagüés, un madrileño de 63 con un cáncer de pulmón incurable. El joven estaba ya paralizado desde el cuello. Los músculos que le permitían respirar estaban ya afectados, y le costaba hablar. Sagüés tenía dolores y una agitación continua. Pero, según los equipos de paliativos que les atendían, no estaban tan terminales ni sufrían tanto como para sedarles. Por ello tuvieron que buscar otros médicos que consideraron que su situación ya era irreversible con síntomas refractarios al tratamiento y que la petición de ambos estaba justificada. Recibieron, por tanto, una especie de sedación a demanda, algo que muchas personas, incluida la consejera andaluza de Salud de entonces, María Jesús Montero (PSOE), consideró una eutanasia. Martínez murió en 2011 y Sagüés en 2014.

Como en los casos anteriores, la ley actual y la propuesta por Ciudadanos podrían haberles servido, si los médicos hubieran coincidido con ellos en que estaban al final de su vida y tenían un sufrimiento intolerable. Pero no fue así. Con el proyecto de ley del PSOE ambos podrían haber recibido una eutanasia.

Inmaculada Echevarría. Esta mujer tenía 51 años y sufría una distrofia muscular progresiva. Este debilitamiento la llevó a estar conectada a un respirador durante nueve años. A finales de 2006 pidió que se lo retiraran, consciente de que así iba a morir. Aunque la ley de 2002 establece que "todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento", los médicos del centro que la trataban, de titularidad religiosa, se negaron a hacerlo. Tuvo que recurrir y cinco meses después la Junta ordenó que se la trasladara a un hospital público y se desconectara el aparato. Como consecuencia, Andalucía elaboró la primera ley de muerte digna autonómica, que refuerza la posibilidad del afectado para decidir qué tratamiento recibe. La iniciativa de Ciudadanos también enfatiza este punto.

El País