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31 agosto, 2018

Alejandro Vanegas: Violación de desafuero, fundamental para juzgar penalmente a Expresidente, genera nulidad en caso Balda

La verdad es que este proceso es un mecanismo de judicialización de la política para impedir participación electoral de Rafael Correa en elecciones libres, abiertas y universales", recalcó abogado

Un sinnúmero de irregularidades han venido denunciando los abogados de la defensa del expresidente Rafael Correa dentro de la investigación que se lleva adelante por el presunto secuestro de político, Fernando Balda. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el abogado Alejandro Vanegas reiteró que la violación de desafuero, elemento estructural para juzgar penalmente a un Expresidente de la República, causaría nulidad de todo lo actuado en el caso.

“El proceso penal que se inició en la Corte Nacional adolece de una falla estructural al haberse violado el desafuero, que es un elemento estructural del proceso cuando se trata de juzgar penalmente, a un Expresidente Constitucional de la República del Ecuador. Ese solo hecho, por su naturaleza de violento contra el debido proceso penal, genera una nulidad de todo lo actuado”, comentó.

Vanegas indicó que las decisiones que se toman desde la defensa procesal se dan, exclusivamente, cuando se puede tener todos los elementos de prueba para descargar la ninguna responsabilidad del Exmandatario en el proceso en el cual ha sido “inconstitucionalmente” incoado.

“La verdad es que este proceso es un mecanismo de judicialización de la política para impedir la participación electoral de Rafael Correa en las elecciones libres, abiertas y universales. Es una metodología que evidencia una competencia desleal tratando de coartar la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano, que en realidad es el soberano, se exprese en las urnas de acuerdo a su acto volitivo a su voluntad de manifestar su adhesión por el Exjefe de Estado”, explicó.

En cuanto a la solicitud de difusión roja, que realizó la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, a la INTERPOL, el jurista remarcó que la esta acción fue un “exabrupto” judicial que carece de toda eficacia a nivel internacional porque no existe ninguna sentencia ejecutoriada y porque además, el organismo tiene reglas muy estrictas respecto de una difusión de código rojo.

“En el caso específico, se trata de un desacato ante una imposibilidad de cumplir con una decisión que, por su naturaleza, era imposible. Se pretendía que el Expresidente de la República cruzara, cada 15 días, de continente a continente, lo cual es absurdo sabiendo que la colaboración con el desarrollo del proceso existió en todo momento a través de la expresión volitiva del Exmandatario de colaborar con la administración de justicia”, comentó.

A su criterio, en un acto “incomprensible” para cualquier abogado penalista, la Jueza, inmediatamente que no se cumplió con una disposición que era forzada, ordenó, en una forma “atropellada” una medida cautelar acompañada de una “exagerada” decisión, que violenta todo tipo de proceso penal, ordenando una difusión de código rojo de INTERPOL.

“Evidentemente, a nivel internacional, este tipo de exabruptos judiciales no son bien vistos ni aceptados. Eso, lo que ha hecho, es hacer quedar mal a la administración de justicia del Ecuador. La validez de ese documento no tiene ninguna trascendencia a nivel internacional”, aseguró el jurista.

Con respecto a la petición que hará Caupolicán Ochoa, abogado del Expresidente, sobre pedir la nulidad y el archivo del caso; Alejandro Vanegas detalló que la defensa procesal directa tiene una estrategia que se conocerá a partir del 18 de septiembre. “Entre los elementos están los expresados el día de ayer (peritaje subjetivo) y otros, que son de carácter reservado, y que se van a ir conociendo a medida que se desarrolle la audiencia, para exponer al país la naturaleza de la judicialización de la política que está ocurriendo”.

En esta línea lamentó que el Consejo de la Judicatura (CJ) encargado, “que ha sido designado de una forma muy irregular” resuelva iniciar una especie de “purga” de los 21 jueces nacionales sometiendo a la administración de justicia a una intervención política directa, lo cual constituye, sin lugar a dudas, el epitafio de la libertad de autonomía de la justicia en el país.

“Inciden directamente en todos los jueces porque están siendo sometidos a la intromisión de un cuerpo administrativo en cuanto a sus funciones y, obviamente, como son jueces que quieren mantenerse en el cargo, van a seguir una línea de conducta –aunque ellos no lo expresen de esa manera- que pierde por completo la autonomía en la administración de justicia”, indicó.

Para el abogado, esto se conoce como un doble discurso o un doble racero. “Cuando la gran presentación inconstitucional de destituir a los miembros del CJ fue esta de que, supuestamente, había algún tipo de intromisión en la administración de justicia; hoy día vemos una intromisión grosera y desproporcionada, que limita la autonomía de los jueces y que los condena a estar sometidos a evaluaciones que no existen en la norma y que, obviamente, limitan su capacidad de administrar justicia en forma independiente”.

Señaló también, que las cuestiones éticas que han sido, de una forma violenta, sometidas a la destrucción de los valores del Ecuador, han sido evidenciadas, incluso, en declaraciones de los mismos sujetos políticos que han actuado, tratando de “acanallar” a personas como Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (SENAIN), queriéndolo someter a una estulticia judicial para que vincule al Expresidente en hechos en los que jamás tuvo alguna participación.

“La medida de la desvaloración ética de un régimen que actúa de una forma completamente diferente a cómo expresa que lo va a hacer. No existe, ni transparencia, ni respeto a la norma o a los derechos humanos, cuando se intenta vulnerar a un ser humano a través de actores políticos para que ésta persona, a cambio de una delación con un premio, involucre incorrecta e inconstitucionalmente a un Expresidente de la República a un proceso judicial que no tiene ni pies ni cabeza", dijo.

Con respecto al regreso de Rafael Correa al país, Vanegas precisó que tiene el derecho legítimo de volver y de participar en actividades políticas cuando lo considere pertinente y apropiado. Pero además, cuando las condiciones garanticen su integridad y la seguridad de una administración de justicia sea imparcial. “Para que le permita gozar de sus derechos sin las limitaciones que supone la aberración de órdenes de prisión y de persecuciones judiciales que solamente obedecen a una agenda política de odio y que no tienen ningún sustento ni legal, ni ético, ni moral”.

“Cuando Rafael Correa considere que sea el momento oportuno va a estar en el Ecuador y va a dirigir el progresismo ecuatoriano, nuevamente, para poder participar, de forma activa, en la política nacional”, añadió el abogado.

Ratificó su criterio acerca de que el Ecuador no está viviendo un Estado de derecho, sino bajo un régimen corporativista. “El corporativismo ha sido desterrado del planeta entero porque los resultados han sido que minorías excluyentes han tomado el control de la cosa pública en perjuicio de las grandes mayorías”.

“Mi opinión jurídica es que la Asamblea Constituyente es el camino idóneo para que, a través de la expresión popular, con verdaderos representantes, se pueda dar forma al Estado de derecho y corregir todo lo que este Estado de excepción ha realizado en detrimento de la institucionalidad democrática del país”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com